El gobierno de Nicaragua aprobará la reforma electoral el próximo mes de septiembre mediante el trámite en la Asamblea Nacional. Efectivamente, la medida legislativa busca excluir definitivamente de los comicios a los partidos opositores al régimen de Daniel Ortega. Consecuentemente, la copresidenta Rosario Murillo confirmó que la iniciativa constitucional se debatirá previamente con diversos sectores institucionales. Por lo tanto, la norma se ratificará en los primeros días de septiembre con el respaldo de la mayoría oficialista. Ciertamente, esta decisión ha desencadenado un enérgico rechazo de la comunidad internacional.
Indudablemente, el anuncio de que Nicaragua aprobará la reforma electoral exacerbó las fricciones diplomáticas con varios gobiernos occidentales. De este modo, Estados Unidos y naciones latinoamericanas criticaron la postura de suspender los procesos electorales democráticos. De la misma manera, Panamá retiró a su embajador acreditado en Managua como protesta formal ante el autoritarismo gubernamental. Por ende, la cancillería nicaragüense tildó los cuestionamientos de injerencistas e imperialistas ante la Unión Europea. Claramente, el régimen busca consolidar el control absoluto del aparato estatal.
Consecuencias políticas cuando Nicaragua aprobará la reforma electoral
La viabilidad fáctica de garantizar alternancia democrática desaparece cuando Nicaragua aprobará la reforma electoral bajo nuevos términos normativos. Indudablemente, los legisladores sandinistas justifican los cambios alegando la necesidad de blindar las instituciones frente a conspiraciones externas. Por consiguiente, la normativa inhabilitará legalmente a las agrupaciones consideradas adversarias o supuestas promotoras de desestabilización. Por ende, las autoridades del Ejército, la Policía y la Corte Suprema coordinarán la aplicación del marco jurídico. Esencialmente, la consulta diplomática formalizó el avance del proyecto oficialista.
Paralelamente, la postergación de las elecciones generales hasta noviembre de 2027 afianza la hegemonía dinástica del matrimonio presidencial. Efectivamente, la previa modificación constitucional extendió el mandato de cinco a seis años de ejercicio gubernamental. Por lo tanto, el escenario en el cual Nicaragua aprobará la reforma electoral margina formalmente a la disidencia política del país. Indiscutiblemente, el régimen de Ortega mantendrá el monopolio del poder sin competencia en las urnas. Asimismo, las organizaciones internacionales vigilarán el deterioro de las garantías ciudadanas.
Ver más: TCE ordena corregir el domicilio electoral de Jorge Yunda en Quito
Fuente: primicias.ec
