El régimen de Nicaragua excluirá del proceso electoral a todos aquellos ciudadanos calificados de traidores o golpistas. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, justificó los cambios legales siguiendo las instrucciones del Ejecutivo. Consecuentemente, el Parlamento presentó una iniciativa de reforma parcial a la Carta Magna para afianzar estas restricciones normativas. Por lo tanto, la medida privará formalmente de sus derechos políticos a cualquier postura crítica de la administración estatal. Ciertamente, las modificaciones legales prevén ampliar el mandato presidencial a siete años renovables.
Indudablemente, la norma mediante la cual Nicaragua excluirá del proceso electoral a la disidencia fue ratificada tras consultas institucionales. De este modo, los mandos del Ejército y la Policía Nacional expresaron su total respaldo al proyecto oficialista. De la misma manera, la propuesta legislativa prohíbe taxativamente la candidatura o el ejercicio de cargos públicos a los opositores. Por ende, la cúpula gubernamental pretende blindar el aparato administrativo frente a supuestas pretensiones injerencistas externas. Claramente, el régimen de Daniel Ortega e hiperviculado con Rosario Murillo pretende consolidar su hegemonía.
Alcance institucional cuando Nicaragua excluirá del proceso electoral a la oposición
La viabilidad fáctica de una contienda democrática desaparece cuando Nicaragua excluirá del proceso electoral a toda la disidencia política. Indudablemente, las autoridades parlamentarias prevén ratificar definitivamente la reforma constitucional durante los primeros días de septiembre. Por consiguiente, los anuncios oficiales se producen pocas semanas después de que el propio mandatario decretara la inaplicabilidad de la reelección. Por ende, la figura de la copresidencia mantendrá el control directo sobre las instituciones judiciales y electorales. Esencialmente, esta restructuración legal perpetuará el monopolio del poder en Managua.
Paralelamente, la prolongación del mandato de Daniel Ortega supera en tiempo de permanencia a la dictadura de los Somoza. Efectivamente, el gobernante acumula tres décadas al frente del país tras su retorno a la jefatura estatal en 2007. Por lo tanto, la coyuntura en la que Nicaragua excluirá del proceso electoral a la disidencia suscita fuerte preocupación internacional. Indiscutiblemente, las nuevas disposiciones constitucionales invalidan cualquier intento de alternancia mediante el sufragio universal. Asimismo, la Asamblea Nacional continuará adecuando los cuerpos normativos secundarios para ejecutar la inhabilitación.
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Fuente: primicias.ec
