El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha denunciado que sectores opositores están intentando desestabilizar su gobierno tras las protestas masivas que se llevaron a cabo el jueves 21 de noviembre en varias provincias del país, incluida Quito. Las manifestaciones fueron organizadas por grupos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, quienes se concentraron en exigir soluciones a diversos problemas económicos y sociales, incluyendo la crisis energética, los despidos masivos y el aumento de la inseguridad. A pesar de las críticas y reclamos, Noboa acusó a estos sectores de querer socavar su administración y responsabilizó a lo que denominó como la “vieja política” de intentar desestabilizar el país.
El trasfondo de las protestas
Las manifestaciones del 21 de noviembre fueron impulsadas por un conjunto de demandas populares que incluyen una respuesta más efectiva frente a la crisis energética, que ha generado apagones en varias regiones del país, así como por la creciente inseguridad y los despidos masivos en sectores públicos y privados. La situación de la inseguridad en Ecuador es especialmente alarmante, con cifras de homicidios que alcanzan los niveles más altos de la región, lo que ha generado un ambiente de creciente desconfianza hacia el gobierno de Noboa.
Los manifestantes, principalmente trabajadores y educadores, también denunciaron lo que consideran una persecución sindical por parte del Gobierno, señalando que los líderes sindicales son blanco de represalias por su activismo. A pesar de los esfuerzos por presentar soluciones a la crisis energética, las medidas del gobierno no han logrado calmar las tensiones sociales, y las protestas continúan en aumento.
Noboa responde a las acusaciones de desestabilización
En respuesta a las protestas, el presidente Daniel Noboa utilizó su cuenta en la red social X para hacer una contundente declaración en la que acusó a sectores opositores de querer desestabilizar su administración. Aseguró que estos sectores no buscan proteger a la población ni resolver los problemas del país, sino que su objetivo es desestabilizar un gobierno que, según el presidente, no está vinculado a las mafias del pasado que han afectado históricamente al país.
Noboa también expresó que su gobierno está enfrentando problemas heredados, incluyendo la corrupción, y que mientras él y su equipo buscan resolver la crisis energética y la inseguridad, aquellos que se oponen a su gestión no se habían preocupado por estos temas cuando la corrupción era más evidente en el pasado.
La crisis energética y las medidas del gobierno
Una de las principales razones detrás de las protestas fue la crisis energética que ha afectado a Ecuador en los últimos meses. La falta de lluvias, los incendios forestales y la sequía han dificultado la generación de energía, lo que ha llevado a apagones diarios de hasta 14 horas en algunas zonas del país. Para hacer frente a esta situación, el presidente Noboa declaró el estado de emergencia en el sector energético a principios de noviembre, con el objetivo de implementar medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis.
Sin embargo, las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para calmar la creciente preocupación social. Noboa aseguró que el gobierno está tomando acciones para resolver el problema, pero las protestas indican que muchos ciudadanos no perciben que se estén tomando medidas efectivas. Esta desconexión entre el gobierno y las demandas de la población ha sido uno de los principales factores que ha alimentado las manifestaciones.
El contexto de inseguridad y el uso de estados de excepción
La inseguridad es otro de los grandes problemas que enfrenta el gobierno de Noboa. En 2023, Ecuador cerró con una tasa de homicidios de 47,2 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de la región. Ante esta situación, el gobierno ha recurrido a los estados de excepción como una herramienta para intentar controlar el crimen organizado y la violencia en las calles. Sin embargo, el uso reiterado de esta medida ha generado críticas, especialmente de aquellos que consideran que no está resolviendo la raíz del problema.
Este 21 de noviembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres de las medidas incluidas en un estado de excepción decretado en octubre para combatir la criminalidad. Esta decisión judicial representó un nuevo revés para el gobierno, que ya se encontraba bajo presión por la creciente violencia en las calles.
La dispersión de los manifestantes y el conflicto en Quito
La jornada de protestas del 21 de noviembre culminó en Quito, donde cientos de personas intentaron avanzar hacia el centro histórico de la ciudad. La marcha, convocada por el FUT, UNE y otras organizaciones sociales, se vio frustrada cuando unos 2,000 policías, apoyados por fuerzas antimotines, rodearon la zona y cerraron todos los accesos al casco colonial de la ciudad.
Los manifestantes, que buscaban realizar un recorrido tradicional que culminaba en la Plaza Santo Domingo, se encontraron con un cerco policial que impidió su avance. Algunos de ellos intentaron retirar las vallas, pero no lograron romper el cerco. Esto derivó en altercados con las fuerzas de seguridad, lo que intensificó las tensiones entre manifestantes y autoridades.
Reacciones de los movimientos sociales y los sindicatos
Las organizaciones sociales y sindicales, por su parte, han condenado la respuesta del gobierno y la represión policial durante las protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Fundación de Asesoría Regional en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social. Además, exigieron la liberación inmediata de los detenidos y responsabilizaron al gobierno de cualquier daño físico o de derechos que pudieran sufrir los manifestantes.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, acusó al gobierno de no resolver los problemas estructurales del país, como la crisis económica y la inseguridad. A su vez, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), criticó duramente la gestión de Noboa, indicando que las fuerzas del orden deberían estar enfocadas en la lucha contra el narcotráfico en lugar de reprimir a los ciudadanos que protestan.
El gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando graves desafíos tanto internos como externos. Las protestas masivas reflejan un malestar generalizado en la población por la crisis energética, la inseguridad y los problemas económicos que aquejan al país. Mientras tanto, el gobierno de Noboa intenta implementar medidas para solucionar estos problemas, pero las críticas y las tensiones siguen aumentando. Las acusaciones de desestabilización por parte de sectores opositores y la falta de consenso con los movimientos sociales podrían marcar el futuro de su administración.
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