- La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuestionó el tratamiento de la iniciativa y señaló que el debate se realizó sin un proceso amplio de deliberación con los gobiernos locales y la ciudadanía.
- Según explicó, la nueva clasificación presupuestaria podría afectar directamente programas sociales que actualmente ejecutan los gobiernos provinciales y municipales.
- Paola Pabón sostiene que al reclasificar estos programas como gasto corriente, se limitaría su financiamiento, comprometiendo servicios esenciales para miles de ciudadanos.
Contexto del primer debate en la Asamblea
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se pronunció luego de que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, conocida como Ley de los GAD, superara el primer debate en el Pleno de la Asamblea el 14 de febrero, en plena jornada de feriado de Carnaval y bajo modalidad virtual. Aunque no se votó el articulado, el informe regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la preparación del segundo y definitivo debate.
El proyecto plantea que prefecturas y alcaldías destinen el 70% de sus recursos a inversión y el 30% a gasto corriente, una disposición que ha generado preocupación en varios sectores políticos y autoridades locales, entre ellos Paola Pabón.
Advertencias desde Pichincha
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuestionó el tratamiento de la iniciativa y señaló que el debate se realizó sin un proceso amplio de deliberación con los gobiernos locales y la ciudadanía.
Según explicó, la nueva clasificación presupuestaria podría afectar directamente programas sociales que actualmente ejecutan los gobiernos provinciales y municipales. Entre ellos mencionó Pichincha Humana, escuelas deportivas, centros Warmi, ferias de emprendedores y proyectos de vialidad rural que conectan parroquias alejadas.
Paola Pabón sostiene que al reclasificar estos programas como gasto corriente, se limitaría su financiamiento, comprometiendo servicios esenciales para miles de ciudadanos. Además, advirtió que la medida podría romper la planificación institucional y generar incertidumbre presupuestaria.
En su criterio, la aplicación obligatoria de la fórmula 70/30 afectaría la autonomía financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, al sujetar el uso de recursos a criterios que, según afirmó, responden a decisiones del poder central.
Reacciones en el Legislativo
Durante el debate, legisladores de distintas bancadas expresaron reparos. Desde el Partido Social Cristiano se cuestionó que la regla 70/30 se aplique sobre la totalidad de los recursos de los GAD y no únicamente sobre los fondos transferidos por el Ejecutivo, lo que podría alterar la gestión financiera local.
Por su parte, desde la bancada correísta se advirtió que la propuesta vulneraría la autonomía y la descentralización establecidas en la Constitución, trasladando restricciones fiscales del nivel central hacia los territorios.
La discusión continuará en la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá ajustar el texto antes del segundo debate, en el que se definirá el futuro de la reforma y su impacto en la administración financiera de prefecturas y municipios.
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