El aumento del precio del petróleo, lejos de ser un alivio para Ecuador, se ha convertido en un factor de presión directa sobre las finanzas públicas. Aunque mayores precios internacionales implican más ingresos, también elevan significativamente el costo de los subsidios y compensaciones, especialmente para el sector del transporte.
En este escenario, el Gobierno enfrenta una decisión compleja: mantener las ayudas económicas a los transportistas o asumir el costo político y social de retirarlas.
Extender compensaciones: una decisión urgente con alto costo
El Gobierno ecuatoriano evalúa si prolonga las compensaciones económicas entregadas a los transportistas, originalmente establecidas tras la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025.
Estas ayudas han permitido sostener la operación del sector frente al incremento de combustibles, pero su continuidad implica un gasto significativo.
Si se extienden por cuatro meses adicionales, el costo alcanzaría aproximadamente $367 millones, mientras que una prolongación de seis meses elevaría la cifra a más de $550 millones.
El impacto del petróleo caro en el gasto público
Con el barril de petróleo superando los $85, el país enfrenta un doble golpe económico:
- Mayor gasto en subsidios y compensaciones.
- Incremento en la factura de importación de combustibles.
En total, Ecuador importa más de 43 millones de barriles entre diésel y gas, lo que hace que cualquier subida de precios internacionales tenga un efecto inmediato en las cuentas fiscales.
Solo en importaciones, el costo adicional podría alcanzar $533 millones en cuatro meses.
Una presión fiscal que podría superar los $900 millones
Al sumar el costo de mantener compensaciones y el aumento en importaciones, la presión total sobre el Estado podría llegar a $900 millones en apenas cuatro meses.
Este escenario refleja una realidad crítica: el petróleo caro no necesariamente mejora la economía del país, sino que puede agravar el déficit fiscal.
Un Estado sin margen: el verdadero problema de fondo
El principal desafío no es solo el precio del petróleo, sino la fragilidad de las finanzas públicas ecuatorianas:
- Déficit proyectado para 2026: $5.400 millones
- Servicio de deuda: cerca de $14.000 millones
- Liquidez disponible: apenas $275 millones
Esto deja al país con un margen extremadamente limitado para asumir nuevos gastos sin consecuencias.
Las tres opciones del Gobierno frente a la crisis
Ante este panorama, el Ejecutivo tiene tres caminos posibles:
- Mantener las compensaciones, incrementando el déficit.
- Focalizar los subsidios, reduciendo el impacto fiscal.
- Trasladar el costo a los consumidores, con combustibles más caros.
Cada opción implica costos económicos y sociales, lo que convierte la decisión en un dilema político complejo.
Transportistas presionan por soluciones inmediatas
El sector del transporte ha advertido que sin compensaciones no podrá sostener sus operaciones. Incluso, algunas operadoras han señalado que podrían funcionar solo por un tiempo limitado si no reciben los pagos pendientes.
Esto añade urgencia a una decisión que no solo afecta las finanzas del Estado, sino también la estabilidad del servicio de transporte en el país.
Conclusión: un problema sin soluciones fáciles
El encarecimiento del petróleo expone una debilidad estructural de la economía ecuatoriana: la dependencia de subsidios y la falta de margen fiscal.
La decisión sobre las compensaciones no es solo económica, sino también política, y definirá quién asume el costo de este nuevo escenario.
Fuente: La Hora
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