El entorno político en el territorio latinoamericano experimenta una notable agitación debido a transformaciones drásticas en las doctrinas de control delictivo. Efectivamente, las polémicas infraestructuras penitenciarias de Nayib Bukele constituyen el nuevo epicentro del debate ideológico internacional. Esta determinante política de mano dura esgrimida por el mandatario salvadoreño se posiciona como un referente dogmático para la derecha radical. Consecuentemente, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó su intención de edificar siete megacárceles en su territorio. Por lo tanto, las promesas de emular el confinamiento estricto se multiplican rápidamente en los programas electorales de la región.
Ciertamente, la dirigente peruana Keiko Fujimori también incorporó este esquema mediante la propuesta de construir un megapenal de alta peligrosidad. Indudablemente, el fenómeno trasciende los límites continentales y alcanza a las agrupaciones de la extrema derecha en el continente europeo. De este modo, la adopción global de la política de mano dura responde a la urgencia ciudadana por revertir los índices de criminalidad. De la misma manera, el líder partidista francés, Jordan Bardella, elogió la velocidad en la habilitación de plazas carcelarias en El Salvador. Por ende, las imágenes de reclusos sometidos a un estricto régimen de excepción validan discursos de enorme severidad judicial.
El debate sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la deriva autocrática
La viabilidad fáctica de exportar un modelo de represión penal depende nítidamente del desmantelamiento de los contrapesos institucionales tradicionales. Indudablemente, la investigadora Sonja Wolf asocia este fenómeno con la consolidación progresiva de una autocracia de carácter estrictamente electoral. La legitimidad de la política de mano dura requiere la constante aprobación de una población civil desencantada de las garantías democráticas.
Por consiguiente, organizaciones como Human Rights Watch documentaron la proliferación de torturas, maltratos y detenciones arbitrarias en el penal Cecot. Por ende, los expertos de las Naciones Unidas advierten que el encarcelamiento prolongado sin defensa técnica conculca el derecho internacional. Claramente, el mandatario centroamericano desestima las recriminaciones externas al priorizar el bienestar de los ciudadanos honestos sobre los transgresores. Por su parte, los colectivos humanitarios denuncian que cientos de personas inocentes permanecen recluidas pese a poseer boletas judiciales de excarcelación.
El fracaso operativo de las réplicas punitivas en los escenarios de Ecuador y Honduras
La sofisticación de las estructuras de las bandas transnacionales impide que las soluciones unidimensionales consigan resultados pacíficos duraderos. Sin duda, la administración ecuatoriana de Daniel Noboa decretó un conflicto armado interno para implementar detenciones masivas en las calles. Sin embargo, la persistencia de la política de mano dura no logró contener el ascenso de los homicidios intencionales.
Por lo tanto, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos situaron la tasa de mortalidad violenta en niveles históricos. De la misma manera, las autoridades hondureñas militarizaron los vecindarios periféricos sin obtener una reducción sustancial de las agresiones delictivas. En conclusión, la directora Juanita Goebertus asevera que el encarcelamiento masivo sin debido proceso resulta insostenible para la paz pública.
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Fuente: bbc.com
