- Agentes penitenciarios realizaron un plantón la mañana del lunes 26 de enero de 2026 en los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito.
- La movilización coincidió con el análisis de reformas legales en el Legislativo.
- Los agentes señalaron que trabajan sin infraestructura adecuada.
Agentes penitenciarios realizaron un plantón la mañana del lunes 26 de enero de 2026 en los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito. La protesta tuvo como objetivo exigir mejores condiciones laborales y mayores garantías de seguridad.
La movilización coincidió con el análisis de reformas legales en el Legislativo. Estas iniciativas buscan fortalecer el sistema penitenciario frente al avance de la criminalidad organizada. Sin embargo, los manifestantes consideran que sus derechos no están siendo priorizados.
Los agentes señalaron que trabajan sin infraestructura adecuada. Además, afirmaron que no cuentan con recursos mínimos para cumplir sus funciones de forma segura.
Denuncias por condiciones de trabajo precarias
Según los manifestantes, los centros carcelarios no disponen de espacios básicos para el personal. Por ejemplo, no existen áreas adecuadas para cambiarse de ropa o resguardarse tras las jornadas.
César Falconi, vicepresidente del gremio, indicó que los riesgos son constantes. Además, señaló que estas condiciones afectan la dignidad del personal penitenciario.
El dirigente recordó que el sistema carcelario enfrenta una alta sobrepoblación. Por ello, la carga laboral para los agentes penitenciarios es cada vez mayor.
Pedido de jubilación y capacitación especializada
El abogado del gremio, Diego Pozo, advirtió que el proyecto de ley en análisis no establece de forma explícita garantías laborales para los agentes penitenciarios.
Entre las principales demandas constan la jubilación anticipada, programas de capacitación continua y evaluaciones técnicas acordes a la peligrosidad de su trabajo dentro de las cárceles.
Propuesta legal para regular el sistema penitenciario
La Asamblea Nacional impulsa una iniciativa que busca crear la primera normativa específica para el sistema penitenciario ecuatoriano, actualmente sin un marco legal integral.
El proyecto contempla la creación de escuelas especializadas para la formación de agentes y la implementación de un sistema de inteligencia penitenciaria para combatir la corrupción y el ingreso de objetos prohibidos en las prisiones.
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