- Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron un allanamiento al alcalde de Naranjal en sus inmuebles privados.
- Las diligencias forman parte de una investigación reservada por presunta delincuencia organizada y contratos públicos.
- El movimiento político Construye había formalizado previamente la expulsión del burgomaestre de sus filas partidarias.
- Los peritos judiciales incautaron equipos electrónicos, documentación contable y dispositivos de comunicación digital.
Agentes de la Fiscalía General del Estado y unidades tácticas de la Policía Nacional ejecutaron este 11 de noviembre de 2026 un operativo de allanamiento al alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, interviniendo inmuebles de su propiedad en la provincia del Guayas. Las acciones policiales se concentraron de manera simultánea tanto en su residencia particular como en una finca campestre, en el marco de una investigación previa orientada a recabar evidencias sobre presuntos actos de delincuencia organizada y adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública.
La intervención judicial responde a denuncias formales ingresadas ante los órganos de control sobre el manejo de fondos cantonales. Durante las diligencias de inspección técnica en las propiedades intervenidas, peritos de criminalística y agentes fiscales levantaron cadenas de custodia sobre diversos indicios materiales. Entre los elementos incautados figuran computadoras portátiles, teléfonos celulares institucionales y personales, memorias externas de almacenamiento digital y carpetas con expedientes contables que serán sometidos a peritajes forenses para determinar el flujo financiero en la entidad municipal.
Diligencias durante el allanamiento al alcalde de Naranjal
El operativo cobró especial notoriedad en el escenario político regional debido a las recientes resoluciones partidarias que afectaron al personero municipal. Semanas atrás, la dirigencia nacional del movimiento Construye oficializó la expulsión definitiva de Juan Carlos Rivera de su bancada legislativa y de sus estructuras políticas, fundamentando la decisión en presuntos distanciamientos de los principios de transparencia y ética pública en el cantón Naranjal. La fiscalía precisó que la investigación penal continúa abierta bajo estricta reserva de ley, conforme a las garantías constitucionales del debido proceso.
Este procedimiento coincide con otros procesos de control institucional en entidades públicas, como las indagaciones sobre irregularidades de emisión documental denunciadas ante la red de corrupción en el Registro Civil, reflejando el accionar conjunto de los órganos de control contra malas prácticas administrativas. Las autoridades judiciales reiteraron que toda persona investigada mantiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme emitida por tribunales competentes.
Controles institucionales y análisis pericial
Voceros de la Fiscalía General del Estado indicaron que los informes técnicos elaborados a partir de los allanamientos permitirán esclarecer el flujo de fondos y los procesos de licitación ejecutados en la alcaldía durante los últimos ejercicios fiscales. A su vez, mandos de la Policía Nacional del Ecuador ratificaron que los despliegues de seguridad en la provincia del Guayas se mantendrán activos para salvaguardar el orden público y evitar la destrucción o alteración de pruebas documentales indispensables para el esclarecimiento de presuntas infracciones penales.
Diversos concejales cantonales y representantes de organizaciones cívicas de Naranjal solicitaron formalmente la entrega de informes de fiscalización interna para constatar el avance de las obras presupuestadas en el plan operativo anual. La fiscalía continuará receptando versiones libres y voluntarias de funcionarios municipales y contratistas privados relacionados con los procesos contractuales auditados, garantizando la recopilación integral de elementos probatorios.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) manifestó que dará seguimiento a la situación institucional del cabildo para asegurar la continuidad de los servicios públicos cantonales, instando a que el proceso legal avance con apego a las normas constitucionales y pleno respeto a las garantías procesales de las partes involucradas.
El despliegue de seguridad confirma el compromiso estatal por transparentar la gestión de los gobiernos seccionales en la Costa ecuatoriana, asegurando que los recursos destinados a servicios básicos y vialidad no sean vulnerados por prácticas contrarias a la ley.
