- El proyecto plantea la incorporación de dos nuevos tipos penales: la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales.
- Para la simulación de autoridad operativa se proponen penas de uno a tres años de prisión cuando se realicen falsos retenes o patrullajes.
- Tras el análisis inicial, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Seguridad Integral para continuar con el trámite legislativo y preparar el informe para segundo debate.
La Asamblea Nacional avanzó en el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para prevenir y sancionar el uso delictivo de uniformes de seguridad pública, una iniciativa que propone reformas al Código Orgánico Integral Penal para enfrentar nuevas prácticas delictivas basadas en el engaño y la suplantación de autoridad. El debate se realizó el 20 de enero de 2026 y evidenció la preocupación legislativa por el uso indebido de insignias oficiales en actividades criminales.
Nuevos delitos para frenar la suplantación de autoridad
El proyecto plantea la incorporación de dos nuevos tipos penales: la simulación de autoridad operativa y la comercialización no autorizada de uniformes e insignias institucionales. Desde la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se expuso que las estructuras criminales ya no actúan únicamente con violencia directa, sino que utilizan uniformes y distintivos oficiales para montar falsos operativos y generar confianza en la ciudadanía.
Sanciones penales de hasta siete años
Para la simulación de autoridad operativa se proponen penas de uno a tres años de prisión cuando se realicen falsos retenes o patrullajes. La sanción aumentará de tres a cinco años si estos actos derivan en privación ilegal de la libertad, ingreso a inmuebles o afectaciones patrimoniales, y llegará hasta siete años cuando se involucre a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas.
Regulación estricta a la venta de uniformes oficiales
La iniciativa también establece sanciones de uno a tres años de privación de libertad para quienes fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen uniformes, insignias, credenciales y distintivos de instituciones públicas militares sin autorización. El objetivo es cerrar un vacío legal que ha facilitado el acceso de delincuentes a estos elementos.
Proyecto vuelve a comisión para segundo debate
Tras el análisis inicial, el presidente de la Asamblea Nacional dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Seguridad Integral para continuar con el trámite legislativo y preparar el informe para segundo debate.
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