- Exfuncionarios y concejales de Quito denunciaron cobros obligatorios de entre el 5% y 10% del sueldo para proselitismo político.
- La Fiscalía General del Estado inició diligencias periciales bajo presunción del delito de concusión en entidades metropolitanas.
- Los fondos presuntamente financiaron movilizaciones, piezas propagandísticas y logística electoral afín a la Revolución Ciudadana.
- El alcalde Pabel Muñoz y la administración municipal rechazan los señalamientos e instan a entregar pruebas ante la justicia.
Una profunda controversia institucional y jurídica sacude a la administración del Distrito Metropolitano de Quito tras la revelación del denominado Caso VAQNAS. De acuerdo con testimonios y expedientes presentados ante la Fiscalía General del Estado (Fiscalía del Ecuador), varios funcionarios y exempleados de distintas secretarías y empresas públicas municipales habrían sido presionados sistemáticamente para entregar aportes económicos obligatorios, conocidos como diezmos, destinados a fondear actividades proselitistas y la campaña electoral vinculada al alcalde Pabel Muñoz.
Las denuncias documentadas señalan que las retenciones oscilaban entre el 5% y el 10% de las remuneraciones mensuales, dependiendo del nivel jerárquico de cada servidor bajo contrato de servicios ocasionales o nombramiento provisional. Quienes se negaban a transferir los montos a cuentas personales de coordinadores designados habrían enfrentado la no renovación de sus contratos laborales, hostigamiento administrativo o traslados arbitrarios a dependencias periféricas.
Rutas de desvío de aportes y peritajes contables
El esquema de recaudación, según consta en las actas notariales adjuntas al expediente judicial, operaba mediante depósitos directos, pagos en efectivo dentro de sobres sellados y compras obligatorias de boletos para rifas y cenas políticas no declaradas ante los órganos de control electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) también recibió requerimientos formales para cruzar los reportes de ingresos y gastos de campaña con los flujos bancarios de los implicados.
Los testimonios señalan que los recursos captados irregularmente habrían servido para costear tarimas, transporte masivo de simpatizantes, materiales de propaganda gráfica y pauta no autorizada en plataformas digitales durante la contienda seccional. En los tribunales penales, el tipo delictivo que se analiza preliminarmente es la concusión, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal con penas que alcanzan hasta cinco años de privación de libertad para servidores públicos que abusen de su cargo para exigir dádivas.
Este episodio de presunta corrupción y opacidad administrativa coincide con el debate abierto sobre las irregularidades electorales y la falta de control del CNE que han sido cuestionadas repetidamente por veedurías ciudadanas y organizaciones de transparencia en el país.
Postura oficial de la Alcaldía y reacción de los bloques legislativos
Frente a la difusión de las acusaciones, el burgomaestre Pabel Muñoz y los portavoces de su equipo de gobierno negaron categóricamente la existencia de disposiciones institucionales para exigir fondos a los trabajadores del cabildo. El alcalde calificó la denuncia como una maniobra política orientada a desgastar la gestión municipal y desviar la atención ciudadana de las obras de vialidad, transporte y reactivación económica que ejecuta la capital.
Por su parte, colectivos de la sociedad civil y concejales de oposición solicitaron al Consejo Metropolitano de Quito la conformación inmediata de una comisión especial de fiscalización que audite la nómina de las empresas públicas metropolitanas de agua potable, movilidad y aseo. La Fiscalía continuará recepcionando versiones libres y voluntarias en las próximas semanas para determinar si existen elementos de convicción suficientes que sustenten una formulación de cargos penales.
La investigación por presunta concusión en el Municipio de Quito abre un nuevo frente de escrutinio sobre los mecanismos de financiamiento informal que utilizan ciertas organizaciones partidistas para sostener sus estructuras territoriales. Expertos en derecho penal recuerdan que la legislación ecuatoriana sanciona con severidad a las autoridades que condicionan la estabilidad laboral de servidores públicos al pago de aportes o diezmos proselitistas, independientemente de que los fondos se hayan recibido de forma personal o a través de terceros intermediarios.
Veedurías ciudadanas y colectivos de transparencia en la gestión pública exigieron que la Contraloría General del Estado intervenga de oficio para auditar las contrataciones ocasionales y revisar las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios señalados en los expedientes. El desenlace de este caso marcará un precedente trascendental para la probidad administrativa en los gobiernos autónomos descentralizados del país.
La Fiscalía General del Estado continuará recabando testimonios y documentación financiera en las diferentes dependencias municipales de Quito para determinar con precisión las responsabilidades legales correspondientes, asegurando que las denuncias ciudadanas sean tramitadas con total apego al debido proceso y a la transparencia institucional.
