- El CNE investiga presuntas infracciones por actos anticipados de campaña electoral.
- El organismo no cuenta con un sistema de monitoreo contratado para medios.
- Expertos advierten que es la primera vez que el CNE prescinde de un control técnico formal.
- Más de 4.000 artículos promocionales y vallas son recopilados de forma manual.
A pocas semanas de que comience formalmente el periodo de campaña electoral de cara a los comicios seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la recopilación de indicios y expedientes sobre posibles actos de precampaña electoral ilícita en diversas provincias del país. Sin embargo, el proceso enfrenta severos cuestionamientos ciudadanos y jurídicos debido a una omisión estructural sin precedentes: el organismo rector de los comicios no tiene contratado un servicio de monitoreo de medios de comunicación para fiscalizar la propaganda anticipada.
Analistas electorales y organizaciones de veeduría democrática han denunciado con firmeza que se trata de la primera vez en la historia democrática reciente del Ecuador en que el Consejo Nacional Electoral se hace de la vista gorda para no controlar de manera sistemática y automatizada la precampaña política, dejando un vacío fiscalizador que favorece la proliferación indiscriminada de publicidad en medios tradicionales y plataformas digitales sin imputación oportuna a los límites del gasto electoral.
Ausencia de monitoreo técnico y recolección manual de evidencias
En procesos electorales anteriores, el CNE contrataba empresas especializadas en auditoría de medios audiovisuales, impresos y radiales que operaban con software de reconocimiento de imágenes y audios las 24 horas del día. Dicho mecanismo permitía emitir alertas automáticas e imputar los costos de pauta a los topes máximos de campaña de cada candidatura.
En el presente ciclo, en cambio, la entidad ha debido recurrir a la labor manual y esporádica de delegados provinciales que fotografían vallas en carreteras o recolectan folletos callejeros, un procedimiento artesanal que resulta materialmente incapaz de registrar el millonario flujo publicitario desplegado en redes sociales y medios digitales por figuras políticas en campaña abierta.
La transparencia y fiscalización de los procesos democráticos representa una de las mayores exigencias ciudadanas del periodo, tal como se abordó cuando la impresión de papeletas electorales superó el 45% con 38 millones producidas bajo estricta custodia del Instituto Geográfico Militar.
Hasta el momento, los equipos provinciales del CNE han elaborado informes sobre 11 presuntas infracciones graves y levantado inventarios de más de 4.000 artículos promocionales como camisetas, afiches y pancartas. No obstante, al carecer de un registro formal de monitoreo certificado por contrato público, estas pruebas corren el riesgo de ser desestimadas en sede contenciosa por falta de trazabilidad y peritaje legal.
Riesgo de impunidad ante el Tribunal Contencioso Electoral
Juristas especializados en derecho electoral advierten que las denuncias que eventualmente remita el CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podrían enfrentar obstáculos probatorios insalvables. El Código de la Democracia exige estándares rigurosos de prueba para sancionar la precampaña con multas económicas o suspensión de derechos políticos, requisitos que difícilmente se cumplen con capturas fotográficas no certificadas por peritos tecnológicos independientes.
Organizaciones de la sociedad civil exigen explicaciones a los consejeros del CNE sobre los motivos por los cuales los concursos de adjudicación para el monitoreo de medios no se concretaron oportunamente, señalando que la falta de fiscalización vulnera el principio constitucional de equidad en la contienda electoral y beneficia a las agrupaciones con mayores recursos económicos para instalar propaganda de facto en todo el territorio nacional.
Silencio electoral desregulado y desafíos en plataformas digitales
El escenario de desregulación es particularmente crítico en internet, donde los algoritmos de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube difunden contenidos patrocinados y mensajes de aspirantes políticos sin ningún tipo de reporte formal al CNE. La ausencia de acuerdos vinculantes de transparencia con las grandes corporaciones tecnológicas agrava el desbalance entre competidores.
Veedores internacionales han recomendado al órgano electoral ecuatoriano reactivar de inmediato auditorías forenses extraordinarias para auditar los presupuestos publicitarios de los partidos antes del día de las votaciones, advirtiendo que la pasividad institucional compromete la legitimidad del proceso democrático y sienta un peligroso precedente de permisividad frente a las infracciones a la normativa electoral.
Representantes de movimientos políticos independientes manifestaron que presentarán una queja formal ante la Defensoría del Pueblo para exigir que se transparente el destino de los fondos presupuestarios que debían asignarse al monitoreo de propaganda en radio y televisión abierta.
La ciudadanía observa con preocupación la proliferación de murales, vallas gigantes y caravanas proselitistas en las principales ciudades del país, cuestionando que las autoridades electorales no adopten medidas cautelares inmediatas para ordenar el retiro de la propaganda prematura que satura los espacios públicos.
