- El concejal Wilson Merino denunció una red de proveedores que concentró 240 contratos municipales.
- Las adjudicaciones suman montos millonarios en obras de infraestructura vial y servicios urbanos.
- El alcalde de Quito Pabel Muñoz dispuso auditorías inmediatas en todas las empresas públicas metropolitanas.
- Los antecedentes fueron remitidos al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la Fiscalía.
Durante la sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de la capital ecuatoriana celebrada este 27 de octubre de 2026, el edil Wilson Merino presentó un pormenorizado expediente de fiscalización que revela la existencia de un presunto entramado de empresas y personas naturales vinculadas que acumuló más de 240 contratos públicos adjudicados por diversas dependencias y empresas públicas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito durante las últimas administraciones seccionales.
Patrones de concentración contractual y empresas vinculadas
La investigación legislativa documenta que este grupo de proveedores compartía domicilios fiscales idénticos, representantes legales cruzados y accionistas recurrentes, participando de manera simultánea en licitaciones y procedimientos de menor cuantía para simular concurrencia competitiva. Los contratos concentrados corresponden principalmente a obras de repavimentación vial, mantenimiento de parques, provisión de señalética y consultorías técnicas en administraciones zonales y empresas de agua y movilidad.
El concejal denunciante enfatizó que la reiterada adjudicación de procesos a este conglomerado limitó la participación de pequeños constructores y profesionales independientes de la ciudad, vulnerando los principios de concurrencia y equidad consagrados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Demandó que se declare la inhabilidad definitiva de las compañías involucradas.
Reacción de la Alcaldía Metropolitana y acciones de control
Frente a la exposición de los hallazgos en el seno del cabildo, el alcalde metropolitano Pabel Muñoz reaccionó de manera enérgica y anunció la orden inmediata a la Dirección Metropolitana de Auditoría y a la Procuraduría Municipal para intervenir los expedientes contractuales señalados. El burgomaestre aseguró que su administración aplicará tolerancia cero frente a cualquier práctica colusoria o cartelización en compras públicas.
Asimismo, el cabildo remitió la totalidad de los expedientes al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y a la Fiscalía General del Estado para determinar la existencia de infracciones penales por tráfico de influencias o falsedad documental. Diversos sectores de la sociedad civil quiteña exigieron la publicación íntegra de los beneficiarios finales de la contratación pública en la capital.
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Acciones de fiscalización y auditoría en empresas metropolitanas
La denuncia formulada por los ediles metropolitanos describe presuntos fraccionamientos de contratos y contrataciones bajo régimen especial en sectores estratégicos como mantenimiento vial, provisión de bienes y consultorías ambientales. Representantes de la sociedad civil y gremios profesionales del Distrito Metropolitano de Quito demandaron que la Contraloría General del Estado intervenga de oficio para auditar los términos de referencia y las ofertas técnicas suscritas en los últimos ejercicios fiscales.
Desde el cabildo capitalino se anunció el inicio de indagaciones administrativas internas a fin de delimitar la actuación de comisiones técnicas calificadoras y supervisores de contratos. Las autoridades locales aseguraron que no se tolerarán actos reñidos con la ética pública y que todo indicio de irregularidad será puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales para la aplicación estricta de la ley penal ordinaria.
Veedores ciudadanos de la capital demandaron que las autoridades municipales publiquen de forma íntegra los informes de liquidación de contratos y los comprobantes de recepción definitiva de obras ejecutadas en los últimos tres años. La rendición de cuentas sistemática resulta indispensable para garantizar que cada centavo de los contribuyentes quiteños sea invertido en proyectos de auténtico beneficio comunitario.
