- El Consejo de la Judicatura publicó los puntajes de méritos de 107 postulantes a la Corte Nacional.
- La fase evalúa títulos de posgrado, producción doctrinaria y trayectoria en el ejercicio profesional del derecho.
- Los aspirantes disponen de un término legal de tres días para solicitar recalificaciones documentadas.
- El proceso se somete a veeduría internacional de expertos de la OEA para garantizar transparencia.
Transparencia en la calificación curricular de postulantes
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) publicó formalmente este 22 de octubre de 2026 las actas consolidadas con los puntajes correspondientes a la fase de méritos dentro del concurso público de selección y designación de los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instancia máxima de la justicia ordinaria en el Ecuador.
La evaluación curricular analizó los expedientes de 107 profesionales del derecho admitidos a trámite, verificando de forma pormenorizada títulos universitarios de cuarto nivel, doctorados (Ph.D.), maestrías reconocidas por la Senescyt, autoría de obras jurídicas indexadas y años de servicio demostrable en la docencia universitaria y en la judicatura. De los participantes, un grupo de 18 aspirantes obtuvo la calificación máxima de 50 puntos en este apartado probatorio.
El presidente del organismo rector de la justicia enfatizó que cada documento fue auditado por una comisión técnica de calificación independiente, descartando cualquier injerencia política y garantizando que solo los perfiles de mayor probidad ética y solvencia doctrinaria avancen a las siguientes etapas.
En el marco de la coyuntura nacional e internacional, diversos analistas y especialistas del sector subrayan que los acontecimientos reportados marcan un precedente sustancial para la toma de decisiones estratégicas en los ámbitos público y privado. Las autoridades competentes mantienen mesas de trabajo permanentes con comités técnicos y veedurías ciudadanas para evaluar los impactos de estas medidas, asegurando la debida transparencia y el cumplimiento irrestricto del ordenamiento legal vigente en beneficio directo de la colectividad. Se prevé que durante las próximas semanas se presenten balances consolidados que permitan dimensionar con exactitud el alcance de las resoluciones adoptadas y sus efectos en el mediano plazo para todos los sectores involucrados en el país.
Asimismo, representantes de la sociedad civil y gremios profesionales destacaron que la articulación interinstitucional resulta indispensable para garantizar la efectividad de las políticas implementadas, exhortando a mantener canales de diálogo constructivo y fiscalización permanente para fortalecer la confianza de los ciudadanos y los usuarios en los servicios fundamentales. El seguimiento continuo por parte de observadores independientes permitirá constatar que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras tangibles y verificables en las diferentes provincias y comunidades del territorio nacional.
Por su parte, organismos de control y dependencias ministeriales reiteraron que continuarán supervisando de cerca la ejecución de los cronogramas previstos, aplicando rigurosos estándares de auditoría y evaluación técnica para prevenir contingencias no deseadas. La participación activa de los actores comunitarios y de los medios de comunicación consolida un entorno de veeduría social indispensable para afianzar la gobernabilidad democrática y la certidumbre institucional en los meses venideros.
Expertos en economía y políticas públicas coinciden en que la sostenibilidad a largo plazo requiere consensos amplios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos operativos en territorio, garantizando que los recursos asignados generen un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de la población y en la productividad de las actividades productivas estratégicas.
Pruebas prácticas y veeduría ciudadana
De acuerdo con el cronograma oficial de el Consejo de la Judicatura y las salas de la Corte Nacional de Justicia, los postulantes rendirán pruebas teóricas y sustentaciones orales de casos simulados transmitidas en vivo por canales digitales. El fortalecimiento de las cortes de justicia se produce en momentos de alta fiscalización estatal como cuando Andrés Mendoza asume funciones como nuevo consejero del CPCCS para vigilar designaciones.
La Judicatura habilitó el módulo informático de impugnaciones para que la ciudadanía pueda denunciar faltas a la idoneidad moral o conflictos de interés de cualquiera de los candidatos en carrera.
