- Tribunal penal convocó a los herederos reconocidos de Fernando Villavicencio.
- La sentencia fijó una reparación civil integral superior a USD 1,2 millones.
- Cinco sentenciados como autores materiales deben cancelar los montos exigidos.
- La defensa de los familiares solicita agilidad procesal para ejecutar el cobro.
El Tribunal de Juzgamiento de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió una providencia procesal para convocar formalmente a los herederos y sucesores legales de Fernando Villavicencio Valencia. El objetivo de la diligencia judicial es sustanciar el trámite de liquidación y desembolso de la reparación integral y pecuniaria dictada en la sentencia condenatoria de primera instancia contra los responsables del magnicidio perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Monto de la indemnización y distribución entre víctimas
El dictamen judicial emitido por los magistrados ratificó la pena de 34 años y ocho meses de prisión para dos de los principales ejecutores materiales, así como 12 años de privación de libertad para otros tres procesados en calidad de cómplices logísticos. Como parte de la reparación civil exigida por el Código Orgánico Integral Penal, los jueces ordenaron el pago solidario de una indemnización total que asciende a USD 1,2 millones en favor del cónyuge sobreviviente, hijos y familiares directos reconocidos como acusadores particulares ante la Corte Nacional de Justicia.
La providencia establece que los interesados deberán comparecer a través de su patrocinio letrado o de forma directa ante la secretaría de la sala para consignar las cuentas fiduciarias correspondientes, garantizando que el reparto económico se ejecute en estricto apego a las normas del Código Civil ecuatoriano relativas a las sucesiones por causa de muerte.
Investigaciones complementarias sobre autores intelectuales
Paralelamente a la fase de reparación económica, los acusadores particulares reiteraron su reclamo para que la Fiscalía General del Estado acelere el cierre de la instrucción fiscal derivada que busca determinar la identidad de los financistas y autores intelectuales de la planificación del atentado criminal. La familia del excandidato presidencial ha denunciado reiteradamente dilaciones procesales y riesgos para su integridad física.
El proceso judicial por el asesinato de Villavicencio constituye un hito en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad política en el país, conectándose estrechamente con el seguimiento a los litigios de alto perfil reportados en coberturas como la de los concursos para designar a las máximas autoridades de la Fiscalía General y la función judicial. La diligencia de convocatoria marcará el inicio formal de las acciones de embargo y comiso sobre bienes y cuentas bancarias de los condenados para hacer efectiva la reparación económica ordenada por la justicia ecuatoriana.
Mecanismos de embargo y rastreo de activos financieros
La providencia judicial establece que una vez formalizada la comparecencia de los causahabientes, la secretaría del tribunal remitirá oficios circulares a la Superintendencia de Bancos y a la Dirección Nacional de Registros Públicos para ejecutar la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y pólizas de inversión a nombre de los sentenciados, así como el embargo registral de vehículos y predios rústicos identificados durante la fase investigativa de la Unidad de Lavado de Activos.
No obstante, la defensa técnica de las víctimas advirtió que muchos de los procesados no registran patrimonio formal a su nombre, por lo que solicitaron activar mecanismos de cooperación judicial internacional para verificar si existen transferencias o activos interpuestos en jurisdicciones financieras del exterior vinculadas a las organizaciones delictivas que financiaron la logística del atentado.
Garantías de no repetición y medidas de reparación simbólica
Además de la indemnización de carácter material, la sentencia condenatoria impuso al Estado ecuatoriano y a las entidades involucradas la obligación de implementar medidas de reparación inmaterial y simbólica. Entre estas disposiciones destaca la colocación de una placa conmemorativa en las inmediaciones del auditorio donde ocurrió el crimen en el norte de Quito y la realización de un acto público de disculpas institucionales por las fallas en el esquema de seguridad y protección policial que custodiaba al candidato presidencial.
