- El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha deliberará sobre la acción constitucional de hábeas corpus.
- La defensa técnica de la ex candidata presidencial impugnó medidas cautelares dictadas en su contra.
- La causa se enmarca dentro de las indagaciones judiciales derivadas del denominado Caso Triple A.
- Magistrados evaluarán si existieron violaciones al debido proceso y al derecho a la libertad personal.
El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha convocó a audiencia pública para pronunciar su resolución definitiva respecto a la apelación a la acción constitucional de hábeas corpus de Luisa González, presentada por su equipo de defensores legales dentro del proceso investigativo por presunto lavado de activos que instruye la justicia ordinaria.
La diligencia judicial resolverá la impugnación a la negativa de primera instancia, en la que se argumentó que las medidas restrictivas de libertad y las órdenes de comparecencia periódica dictadas vulneraron principios constitucionales de proporcionalidad, presunción de inocencia y debida motivación judicial dentro del trámite procesal conocido mediáticamente como Caso Triple A.
Deliberación judicial sobre el hábeas corpus de Luisa González en la Corte
Durante la exposición de descargos ante los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, los abogados defensores sostuvieron que la tramitación del hábeas corpus de Luisa González resulta procedente debido a aparentes inconsistencias procesales en las providencias dictadas por los juzgados de garantías penales de Quito, solicitando la revocatoria de toda medida cautelar privativa o limitativa de movilidad.
Por su parte, los delegados de la Fiscalía General del Estado solicitaron al tribunal de alzada rechazar de plano el recurso constitucional por improcedente, argumentando que las resoluciones adoptadas se apegan estrictamente a las causales contempladas en la normativa procesal vigente y que no existe detención arbitraria ni ilegítima contra la ciudadana imputada.
La resolución que adopte la sala judicial tendrá repercusiones significativas en el panorama político ecuatoriano, considerando el liderazgo de la ex aspirante a Carondelet en el movimiento Revolución Ciudadana. Simpatizantes y comités de veeduría ciudadana permanecen en vigilia en las inmediaciones del palacio de justicia en la capital a la espera de la lectura del dictamen.
Juristas constitucionalistas explicaron que la acción de hábeas corpus constituye una garantía extraordinaria tutelar destinada exclusivamente a reparar privaciones arbitrarias de la libertad física o afectaciones graves a la integridad personal, por lo que el tribunal deberá ceñirse estrictamente a verificar si las actuaciones de los jueces inferiores respetaron los preceptos constitucionales vigentes.
Los magistrados provinciales señalaron que notificarán su decisión motivada por casillero judicial en las próximas horas, garantizando la observancia de las garantías de contradicción y tutela judicial efectiva consagradas en la Carta Magna de la República.
El equipo jurídico de la defensa argumentó que el mantenimiento de medidas cautelares sin una justificación probatoria fehaciente vulnera el principio de proporcionalidad reconocido en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado ecuatoriano. Insistieron en que su representada ha comparecido oportunamente a todos los llamados procesales y no representa riesgo de fuga ni entorpecimiento de la indagación previa.
En contraste, la acusación particular reiteró que las restricciones ordenadas resultan indispensables para garantizar el normal desarrollo de las diligencias probatorias y la presencia de la ciudadana en etapas posteriores del proceso penal. La sala provincial escuchó las réplicas de ambas partes antes de declarar concluida la audiencia de fundamentación y anunciar que la resolución será emitida dentro del término de ley correspondiente.
Al finalizar la sesión, los representantes de los colectivos jurídicos destacaron la importancia de que las decisiones de los tribunales de alzada se sustenten rigurosamente en los principios de tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, garantizando la confianza ciudadana en la administración de justicia imparcial y oportuna frente a procesos de alto impacto político.
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