- La destitución firme de David Rosero dejó al CPCCS sin candidatos suplentes masculinos habilitados con votación en las urnas.
- El Consejo Nacional Electoral confirmó que todos los postulantes varones de los comicios de 2023 ya fueron titularizados o inhabilitados.
- La Asamblea Nacional deberá dirimir si aplica una fórmula de interpretación legal o espera la renovación comicial completa.
La arquitectura institucional de la Función de Transparencia y Control Social enfrenta un nuevo dilema legal y operativo luego de confirmarse la destitución ejecutoriada de David Rosero de su puesto como consejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) remitió una certificación oficial en la que hace constar que la lista de candidatos hombres electos en los comicios seccionales de 2023 está completamente agotada. Quienes obtuvieron votaciones siguientes ya asumieron titularidades en reemplazos pasados o quedaron inhabilitados por diversas sentencias judiciales.
Alcance de la resolución judicial contra David Rosero
Esta situación genera un vacío en la conformación del pleno del CPCCS, cuerpo colegiado que por mandato constitucional debe estar integrado por siete miembros principales. La ausencia de un consejero varón legalmente acreditado pone en entredicho el quórum reglamentario y la validez de futuras resoluciones sobre concursos públicos de méritos.
Constitucionalistas señalan que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral deberán buscar una salida jurídica concertada, debatiéndose si corresponde posesionar a la siguiente mujer con mayor votación general o aguardar a los comicios ordinarios.
El debate en torno a la gobernanza y estabilidad de los órganos de control se vincula con las coberturas de procesos judiciales y designación de autoridades en el Ecuador. Analistas políticos citados por Reuters recuerdan que el pleno del CPCCS tiene a su cargo nombramientos cruciales como los vocales de la Judicatura y superintendentes, requiriendo legitimidad irrefutable para evitar impugnaciones internacionales.
Diversos sectores de la sociedad civil han reiterado la necesidad de una reforma de fondo al marco legal de la participación ciudadana para simplificar los mecanismos de sucesión y evitar que las disputas partidistas paralicen la administración del Estado.
La ciudadanía demanda madurez cívica a las autoridades republicanas para resolver este impase sin dilaciones y asegurar que los procesos de control sigan su curso con total transparencia e integridad democrática.
Especialistas en derecho electoral señalan que una alternativa viable sería solicitar a la Corte Constitucional una modulación de su sentencia de destitución para precisar el mecanismo de reemplazo cuando se compruebe el agotamiento total de las listas registradas en los comicios.
La legitimidad de las futuras autoridades de control dependerá de que este vacío jurídico se resuelva con apego estricto a las normas constitucionales de paridad y soberanía popular expresada en las urnas.
Vacío institucional y alternativas del CNE
La legitimidad de las futuras autoridades de control dependerá de que este vacío jurídico se resuelva con apego estricto a las normas constitucionales de paridad y soberanía popular expresada en las urnas por los ciudadanos ecuatorianos.
Voceros de colectivos ciudadanos exigen que la Asamblea Nacional no aproveche esta coyuntura para imponer cuotas partidistas en los organismos de vigilancia estatal, respetando la voluntad de los electores en las urnas.
El debate institucional pone de relieve la imperiosa urgencia de reformar la Ley Orgánica del CPCCS para evitar vacíos legales que paralicen la designación de autoridades judiciales y de control en el futuro.
La encrucijada legal en el CPCCS revive el debate nacional sobre la necesidad de reformar el Código de la Democracia para contemplar mecanismos extraordinarios de renovación y suplencias en órganos colegiados de elección popular directa.
Representantes de facultades de jurisprudencia de las universidades públicas del país señalaron que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de brindar soluciones que no vulneren la seguridad jurídica ni paralicen la designación de las autoridades de control pendientes.
Riesgos para la designación de autoridades de control
Organizaciones de veeduría ciudadana vigilarán que los concursos para Fiscal General y miembros del Consejo de la Judicatura continúen con transparencia, evitando que la crisis de suplencias afecte la legitimidad de los futuros funcionarios electos.
La sociedad ecuatoriana demanda instituciones sólidas e independientes que ejerzan sus potestades con estricto apego a la Constitución y en beneficio exclusivo del bien común.
La resolución transparente de este vacío jurídico en el CPCCS será determinante para brindar certeza y legitimidad a los concursos públicos de designación de autoridades de control en el Ecuador.
El fortalecimiento institucional del Consejo de Participación Ciudadana dependerá de la capacidad de las autoridades republicanas para resolver el impasse con madurez cívica y apego a la Constitución.
La estabilidad institucional es indispensable para el desarrollo de la democracia.
