- Elena Berrazueta participa como candidata ciudadana en la lista de mujeres para el Consejo de Participación Ciudadana.
- Propone el modelo de ‘caja de cristal’ para transmitir en vivo y auditar cada fase de los concursos públicos.
- Rechaza eliminar las facultades nominadoras del organismo y defiende el disenso como garantía de equilibrio democrático.
- Destaca su trayectoria técnica en la Defensoría del Pueblo y su desempeño como procuradora síndica municipal.
Propuesta de la ‘caja de cristal’ y despolitización de los concursos públicos
En el marco del proceso electoral convocado para el 29 de noviembre de 2026, la jurista y catedrática universitaria Elena Berrazueta formalizó su candidatura ciudadana para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dentro del listado oficial de mujeres. Con una sólida formación en Derecho y experiencia en la gestión pública tras desempeñarse como procuradora síndica del cantón Latacunga y directora nacional en la Defensoría del Pueblo, la postulante enfatizó que su aspiración institucional nace de la indignación ciudadana y de la urgencia de rescatar los mecanismos de fiscalización social de la influencia partidista.
El núcleo programático de Berrazueta se apoya en el concepto operativo de la «caja de cristal», un esquema metodológico concebido para someter a escrutinio público irrestricto los concursos de méritos y oposición encargados de nombrar a las máximas autoridades de control del Estado, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Defensoría Pública. La candidata sostiene que no basta con transmitir las sesiones del pleno, sino que debe auditarse en tiempo real el trabajo de los equipos técnicos que califican hojas de vida, escanean expedientes y procesan impugnaciones ciudadanas para erradicar cualquier margen de discrecionalidad política o manipulación encubierta.
Respecto al cuestionado concurso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía, Berrazueta criticó la opacidad en la descalificación de postulantes altamente calificadas y exigió motivaciones técnicas verificables. «La participación ciudadana no puede limitarse al ejercicio del sufragio; debe materializarse en veedurías activas, la utilización efectiva de la silla vacía en los gobiernos locales y la protección absoluta para los denunciantes de actos de corrupción», señaló la catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Asimismo, Berrazueta destacó la necesidad urgente de descentralizar las delegaciones provinciales del organismo para ofrecer patrocinio y asesoría técnica gratuita a organizaciones barriales, colectivos indígenas y gremios laborales, permitiéndoles canalizar denuncias documentadas ante los órganos de fiscalización sin temor a represalias institucionales o desestimaciones arbitrarias.
Defensa de las conquistas sociales y preservación del equilibrio democrático
Frente a las iniciativas políticas que plantean someter a consulta popular la eliminación de las facultades nominadoras del CPCCS, Berrazueta argumentó que despojar a la ciudadanía del control social representaría un retroceso en los estándares interamericanos de derechos humanos. Según su análisis, concentrar nuevamente la designación de autoridades en el parlamento restauraría los pactos de reparto partidista tradicionales. En este contexto, subrayó que la democracia requiere la preservación de la separación de poderes y el respeto estricto al disenso ideológico, impidiendo que los órganos de control actúen como apéndices sumisos del Ejecutivo o de mayorías legislativas coyunturales.
La jurista remarcó que su postulación se sustenta de forma estrictamente individual, sin financiamiento ni auspicio de partidos políticos, respaldada en su trayectoria comunitaria junto a organizaciones de mujeres, personas adultas mayores y colectivos con discapacidad. La postulación se inscribe en un debate cívico fundamental sobre el fortalecimiento institucional, tal como evidencian los análisis en los que Mauricio Alarcón alerta sobre graves amenazas a la democracia e institucionalidad en el país.
El proceso electoral del CPCCS será supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la propia entidad rectora de Participación Ciudadana y Control Social, instancias encargadas de garantizar debates equitativos entre los aspirantes calificados.
