- Auditoría legislativa detectó anomalías patrimoniales en el 38% de las máximas autoridades seccionales.
- La UAFE y la Contraloría iniciaron el cruce de depósitos bancarios, inmuebles y vehículos no declarados.
- Bancadas de ADN y de la Revolución Ciudadana discrepan sobre el manejo político del informe previo a comicios.
- Los expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito serán remitidos a la Fiscalía General del Estado.
Una comisión técnica de la Asamblea Nacional emitió un contundente informe de fiscalización que revela la existencia de alertas de crecimiento patrimonial injustificado en 190 alcaldes y prefectos a escala nacional. El documento, elaborado con base en reportes de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y declaraciones juramentadas de la Contraloría General del Estado, señala que cerca del 38% de las máximas autoridades seccionales registran ingresos, compra de bienes raíces o movimientos de capitales en el exterior que no guardan correspondencia con sus remuneraciones oficiales, de acuerdo con la Asamblea Nacional del Ecuador.
Irregularidades detectadas en contratos municipales y provinciales
Los auditores identificaron que los mayores incrementos sospechosos coinciden con la adjudicación de contratos de obra pública, consultorías de recolección de basura y compras de maquinaria pesada. Asimismo, se descubrieron esquemas de testaferrismo en los que familiares directos o allegados a los personeros municipales figuran como propietarios de fincas agrícolas, empresas proveedoras del Estado y departamentos de lujo en urbanizaciones exclusivas, fiscalizados por la Contraloría General del Estado.
La depuración de la administración pública y la vigilancia sobre el uso de los fondos estatales resultan indispensables para reconstruir la confianza ciudadana, semejante a las acciones donde organismos sociales y políticos exigen transparencia absoluta en el manejo institucional para erradicar vicios de corrupción estructural.
Pugna política en el Palacio Legislativo por el uso del informe
La difusión del reporte desató un enfrentamiento dialéctico entre las bancadas parlamentarias. Mientras el oficialismo sostuvo que la investigación busca sanear las instituciones antes de las elecciones seccionales, legisladores de la oposición denunciaron que el documento fue filtrado selectivamente para presionar a dignatarios locales que no se alinean con la agenda del Gobierno central. Exigieron que la fiscalización se aplique con rigor técnico y sin sesgos partidistas.
Remisión obligatoria de expedientes a la Fiscalía
La comisión legislativa acordó remitir formalmente los 190 expedientes a la Fiscalía General del Estado para que inicie las indagaciones previas correspondientes por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. Las autoridades reiteraron que los funcionarios señalados deberán comparecer ante los tribunales con pruebas documentales que justifiquen el origen lícito de su patrimonio económico.
Garantías de debido proceso para los personeros señalados
El cuerpo legislativo remarcó que las alertas financieras constituyen indicios de auditoría y no sentencias definitivas, por lo que cada alcalde y prefecto conservará expedito su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia para presentar sus descargos contables ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Coordinación con organismos de control financiero y tributario
El informe técnico recomienda que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos ejecuten auditorías tributarias especiales a las empresas familiares y proveedores vinculados a los alcaldes señalados. Los legisladores recalcaron que la fiscalización busca transparentar el manejo de los fondos seccionales y garantizar que las obras municipales se ejecuten con honestidad en beneficio directo de la ciudadanía.
Responsabilidad legal y plazos de descargo
Los integrantes de la mesa parlamentaria recordaron que las autoridades observadas contarán con un término perentorio para justificar el origen de sus bienes ante la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas. Aquellos dignatarios que no logren demostrar la procedencia legal de sus recursos económicos se expondrán al inicio de procesos de destitución y sanciones judiciales que buscan erradicar el enriquecimiento ilícito en los gobiernos autónomos descentralizados de todo el Ecuador.
