- La Comisión de Fiscalización inició una indagación formal sobre contratos de empresas vinculadas a Alexandro Tonello.
- El exviceprefecto de Pichincha y actual aspirante correísta enfrenta pedidos de información por compras públicas.
- Los asambleístas solicitaron documentación al Servicio de Contratación Pública y a la Prefectura de Pichincha.
- La investigación parlamentaria analizará posibles conflictos de interés en adjudicaciones provinciales.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobó este 11 de noviembre de 2026 una resolución formal mediante la cual investigan contratos de Alexandro Tonello, exviceprefecto de Pichincha y actual aspirante político, por presuntas irregularidades en compras públicas adjudicadas durante su ejercicio en el gobierno provincial. La mesa parlamentaria activó pedidos de información y requerimientos técnicos a diversas entidades de control estatal.
La decisión legislativa se sustentó en denuncias presentadas por asambleístas de diversas bancadas, quienes expusieron indicios sobre presuntas contrataciones directas de obras y servicios otorgadas a consorcios y firmas privadas en las cuales familiares o allegados cercanos del exfuncionario mantendrían participación societaria. Ante estos cuestionamientos, los legisladores ratificaron que investigan contratos de Alexandro Tonello para determinar la existencia de presunto tráfico de influencias, conflictos de interés o inobservancias a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Comisión donde investigan contratos de Alexandro Tonello
Durante la sesión de trabajo, los miembros de la mesa fiscalizadora acordaron convocar a comparecencias oficiales a delegados del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), a directivos de la Contraloría General del Estado y a técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha. La fiscalización busca transparentar los montos presupuestarios comprometidos y el cumplimiento efectivo de los objetos contractuales en proyectos viales y de fomento agropecuario.
Estas acciones de vigilancia parlamentaria coinciden con otras investigaciones emblemáticas sobre probidad institucional en entidades del Estado, como los peritajes que analizamos respecto al caso de corrupción en el Registro Civil, evidenciando el interés de los organismos de supervisión por erradicar anomalías administrativas en todos los niveles gubernamentales.
Pedidos de información y garantías del debido proceso
A través de oficios formales tramitados por la secretaría de la mesa legislativa, amparados en la Asamblea Nacional del Ecuador y las atribuciones de la Contraloría General del Estado, se otorgó un plazo perentorio a las instituciones involucradas para remitir copias certificadas de los pliegos de contratación, informes de pertinencia y actas de entrega-recepción correspondientes a los periodos observados.
Por su parte, allegados y representantes del entorno de Alexandro Tonello manifestaron públicamente que los contratos auditados cumplieron con todas las exigencias legales del portal de compras públicas, calificando los cuestionamientos como una maniobra política orientada a perjudicar su candidatura en el marco de la contienda seccional.
Los auditores de la Contraloría iniciaron el cotejo de transferencias bancarias y comprobantes electrónicos para verificar la procedencia de los fondos utilizados en la conformación de los consorcios adjudicatarios bajo investigación.
Diversos sectores de la sociedad civil de Pichincha y veedurías ciudadanas solicitaron formalmente tener acceso a los expedientes de compras auditados para verificar si existió sobreprecio en la adquisición de maquinarias y repuestos viales durante el periodo analizado por los asambleístas.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización adelantaron que realizarán inspecciones técnicas de campo en las vías rurales donde se habrían ejecutado las obras contratadas, constatando su estado físico y contrastando los avances reales con las planillas de liquidación económica registradas en los sistemas públicos.
La mesa de fiscalización insistió en que el proceso se regirá estrictamente bajo las normas del debido proceso constitucional, permitiendo el descargo documentado de las partes antes de la elaboración del informe final que será conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional.
