- La justicia dictó prisión preventiva para Navila Dieb por presunta delincuencia organizada.
- Su madre y padrastro recibieron medidas sustitutivas consistentes en presentaciones periódicas y prohibición de salida.
- La Fiscalía indaga una red de adjudicaciones irregulares en empresas públicas adscritas al Municipio de Guayaquil.
- La defensa técnica anunció la interposición de recursos de apelación contra la medida privativa de libertad.
- La instrucción fiscal se extenderá durante noventa días para recabar pericias contables y contractuales.
Un juez anticorrupción dictó orden de prisión preventiva contra la exreina de belleza y exfuncionaria municipal Navila Dieb, dentro de la instrucción fiscal iniciada por presunta delincuencia organizada en el denominado caso La Reina.
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Medidas cautelares y sustentación de la Fiscalía en el caso La Reina
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Durante una maratónica audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos desarrollada en el Complejo Judicial Norte, la Fiscalía General del Estado expuso más de treinta elementos de convicción que vincularían a la procesada con un esquema ilícito de intermediación de contratos públicos.
El fiscal del caso argumentó que existía riesgo procesal de fuga y peligro de entorpecimiento de las investigaciones, razón por la cual el magistrado acogió la solicitud de prisión preventiva en contra de Navila Dieb. Por su parte, para la madre y el padrastro de la investigada, el juzgador dispuso la prohibición de enajenar bienes, la retención de cuentas bancarias y presentaciones periódicas semanales ante la autoridad competente.
Las indagaciones determinaron que la presunta estructura criminal operaba coordinando la asignación direccionada de servicios de mantenimiento, logística y provisión de insumos mediante terceras empresas instrumentales que no contaban con capacidad técnica verificable.
Alcance de las investigaciones contractuales en Guayaquil
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El expediente fiscal detalla que las irregularidades abarcan contratos suscritos entre 2023 y 2026, involucrando a excolaboradores de áreas administrativas y financieras del cabildo porteño. Peritos contables y analistas tributarios del Servicio de Rentas Internas colaboran en el cruce de facturas y transferencias bancarias para determinar la ruta final de los recursos públicos.
La defensa técnica de los procesados rechazó las imputaciones, sosteniendo que las adjudicaciones cumplieron los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que no existen indicios de desvío doloso de caudales municipales.
Organizaciones ciudadanas y veedurías de transparencia instaron a las autoridades judiciales a garantizar un proceso transparente y riguroso dentro del caso La Reina, resguardando la presunción de inocencia pero sancionando con firmeza cualquier acto de corrupción que afecte el erario comunitario.
El proceso judicial iniciado en torno al caso La Reina ha generado repercusiones inmediatas en el ámbito de la administración pública local en Guayaquil. Dirigentes gremiales y colectivos ciudadanos han solicitado a la Contraloría General del Estado realizar auditorías concurrentes a los procesos de compras públicas de los últimos tres ejercicios fiscales para identificar posibles desviaciones de recursos.
Expertos en derecho penal y probatorio señalaron que la fase de instrucción fiscal será determinante para contrastar los testimonios de los involucrados con las pericias informáticas extraídas de dispositivos electrónicos y correos institucionales. La judicatura ratificó que las audiencias preparatorias de juicio se convocarán oportunamente conforme a los plazos previstos en el Código Orgánico Integral Penal.
El tribunal anticorrupción enfatizó que las medidas privativas de libertad dictadas responden a la gravedad de los presuntos delitos contra la eficiencia de la administración pública. La Fiscalía continuará recepcionando versiones libres y voluntarias de excolaboradores municipales para determinar si existieron presiones jerárquicas en la adjudicación de contratos.
Representantes del foro de profesionales del derecho de Guayas señalaron que este caso sienta un precedente sobre la necesidad de transparentar las contrataciones en empresas públicas descentralizadas, instando a las instituciones de control a mantener veedurías constantes que impidan la conformación de redes de intermediación irregular.
