- La Fiscalía rastrea un incremento injustificado en el patrimonio del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera.
- Se allanaron fincas agrícolas, empresas camaroneras, vehículos de alta gama y residencias en Guayas.
- Rivera reportó bienes modestos antes de asumir el cargo en 2023, registrando un salto patrimonial notorio.
- La Contraloría y la UAFE cruzan declaraciones juramentadas y movimientos bancarios de familiares directos.
Pesquisas judiciales sobre el patrimonio del alcalde de Naranjal
El Ministerio Público intensificó las diligencias de investigación patrimonial contra autoridades seccionales señaladas por presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos. Tras la ejecución de una serie de allanamientos simultáneos en el cantón Naranjal y zonas rurales de la provincia del Guayas, peritos contables concentran sus análisis en el acelerado crecimiento del patrimonio del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, desde su posesión en las elecciones seccionales de 2023.
Los informes preliminares de la Fiscalía General del Estado señalan que el burgomaestre declaró inicialmente activos limitados antes de asumir el despacho municipal; sin embargo, en los últimos meses se constató la adquisición de extensas fincas agrícolas, maquinaria pesada y vehículos todoterreno de alta gama a nombre de empresas vinculadas a su entorno familiar. Indagar el patrimonio del alcalde de Naranjal resulta prioritario para determinar si existió enriquecimiento ilícito, testaferrismo o triangulación de contratos de obras públicas cantonales.
Durante las intervenciones policiales ejecutadas por unidades especializadas de la Dirección General de Investigaciones, se decomisaron escrituras notariales, dispositivos de almacenamiento electrónico y documentación societaria que vincula al dignatario con compañías de servicios de transporte y camaroneras de reciente constitución.
El magistrado a cargo de la causa autorizó la retención provisional de cuentas financieras y dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles estratégicos mientras concluyen las pericias contables y tributarias.
Comuneros y sectores de oposición del cantón Naranjal habían interpuesto denuncias previas ante la Contraloría General del Estado, alertando sobre supuestos sobreprecios en contratos de regeneración urbana y compras directas durante las declaratorias de emergencia cantonal.
El equipo de auditoría forense analiza también las transferencias interbancarias hacia paraísos fiscales y fideicomisos privados, buscando reconstruir la ruta del dinero utilizado para financiar campañas políticas locales.
La defensa técnica del funcionario municipal ha manifestado que todas las adquisiciones corresponden a actividades comerciales lícitas desarrolladas por empresas familiares de larga data, asegurando que presentarán los balances auditados ante la autoridad competente.
Empresas interpuestas, fincas en Guayas y cruce de datos con la UAFE
Voceros de la Fiscalía General del Estado recordaron que los exámenes de enriquecimiento injustificado contemplan el cotejo riguroso de declaraciones patrimoniales juradas ante la Contraloría y el Servicio de Rentas Internas.
Por su parte, analistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) colaboran activamente en la detección de reportes de operaciones sospechosas e inusuales que involucren a contratistas municipales en la provincia.
Organizaciones de veeduría cívica de Guayas enfatizaron que la fiscalización sobre los presupuestos locales debe mantenerse sin tregua para proteger el erario cantonal en momentos de apremio económico nacional.
El avance de la instrucción fiscal determinará si en las próximas semanas se convocará a audiencia de formulación de cargos en contra de los involucrados en esta presunta trama de corrupción administrativa.
Representantes de organizaciones gremiales y comerciales del cantón solicitaron que las diligencias se desarrollen con celeridad para evitar la paralización de los servicios públicos esenciales a los habitantes.
La ciudadanía de los cantones periféricos demanda sanciones ejemplares para aquellos administradores que desvían fondos públicos destinados a obras básicas de alcantarillado y agua potable.
El control riguroso a las finanzas de las autoridades seccionales es una garantía imprescindible para afianzar la transparencia en los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador.
Para más información relacionada, revise nuestro reporte sobre investigaciones penales contra redes de corrupción política disponible en nuestra plataforma digital.
