- El Tribunal Contencioso Electoral archivó la causa por incumplimiento de requisitos procesales del acusador.
- El juez Patricio Maldonado precisó que el fallo responde a defectos de forma y no evalúa el fondo.
- La denuncia señalaba supuesta entrega indebida de dádivas durante actividades políticas en Esmeraldas.
- El CNE y el Código de la Democracia norman sanciones que incluyen multas y pérdida de derechos políticos.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el archivo definitivo de la causa presentada en contra de Roberta Zambrano, candidata del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) para la Alcaldía de Esmeraldas en las elecciones seccionales. La resolución judicial fue adoptada tras verificar que el denunciante no subsanó los requerimientos formales y procesales exigidos por la normativa durante la etapa de admisibilidad.
Causales procesales y decisión del tribunal electoral
El trámite judicial electoral fue impulsado inicialmente por el ciudadano Linder Maximiliano Altafuya Loor, quien acusó a la postulante de una presunta infracción electoral grave relacionada con la entrega de dádivas, presentes y donaciones directas a ciudadanos durante eventos de proselitismo político. No obstante, en la fase preliminar de calificación, el juez electoral de primera instancia, Patricio Maldonado, identificó deficiencias sustanciales en la redacción, determinación fáctica y pretensión jurídica del reclamo.
Pese a que la autoridad concedió un término perentorio de dos días laborables para que el accionante aclare y complete su libelo acusatorio con los respaldos documentales idóneos, el acusador no subsanó satisfactoriamente las objeciones legales emitidas. En consecuencia, el magistrado resolvió aplicar el archivo del expediente sin que exista un pronunciamiento de fondo respecto a la veracidad o falsedad de los hechos denunciados.
En el marco de la actual coyuntura institucional, las organizaciones políticas mantienen un riguroso seguimiento a las resoluciones emitidas por los organismos de control electoral, tal como se evidenció cuando el Gobierno de Daniel Noboa entrega 210 millones en becas en diversos programas públicos que concentran atención ciudadana.
Marco normativo del Código de la Democracia y sanciones previstas
La legislación electoral ecuatoriana tipifica con precisión las conductas prohibidas durante las campañas proselitistas y los periodos previos a los comicios. Según lo establecido en la normativa oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el marco normativo del Código de la Democracia, la entrega no autorizada de donaciones o artículos promocionales directos constituye una vulneración susceptible de severas sanciones administrativas.
Dichas penalizaciones comprenden multas pecuniarias que oscilan entre 11 y 20 Salarios Básicos Unificados (SBU), así como la posible suspensión de los derechos de participación política de seis meses a dos años e inclusive la destitución del cargo si el infractor ya ejerce funciones estatales, según fiscalizaciones documentadas por la Asamblea Nacional del Ecuador.
La polémica inicial cobró notoriedad pública luego de la difusión de registros audiovisuales en redes sociales donde se apreciaban actividades de entrega de artículos en un acto público en la provincia verde. Con esta determinación del órgano de justicia electoral, la postulación de Zambrano continúa su curso legal hacia las urnas, dejando cerrada la controversia en la sede contenciosa.
El escenario político en la provincia de Esmeraldas se mantiene bajo constante análisis por parte de las encuestadoras y analistas locales, debido a que las elecciones seccionales representan una contienda clave para las aspiraciones territoriales del oficialismo. Roberta Zambrano, quien previamente ejerció la Prefectura provincial y cuenta con una amplia trayectoria política en la zona costera, ha reiterado en múltiples declaraciones que continuará con sus recorridos comunitarios y asambleas barriales para presentar su plan de trabajo municipal enfocado en seguridad ciudadana, agua potable y reactivación económica para las familias esmeraldeñas.
Por su parte, los voceros jurídicos de la candidatura manifestaron que la resolución del tribunal restablece las garantías procesales y ratifica que las acciones de asistencia social en territorio no vulneraron las disposiciones del Código de la Democracia. Con la resolución en firme notificada a las partes procesales, los equipos de campaña intensifican la capacitación de veedores electorales para las mesas de votación en toda la urbe esmeraldeña.
