El Gobierno nacional avanza con su propuesta. Busca incluir la pregunta de consulta popular sobre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las elecciones de noviembre de 2026. La iniciativa forma parte de una reforma constitucional. Su objetivo es cambiar el sistema de designación de autoridades de control.
El presidente Daniel Noboa envió el proyecto corregido al Consejo Nacional Electoral. Lo hizo durante el actual período electoral. Por esta razón, el CNE asume la competencia para continuar el proceso. La propuesta responde a observaciones de la Corte Constitucional.
Propuesta de la pregunta de consulta popular
La pregunta de consulta popular plantea eliminar la facultad del Cpccs para designar autoridades de control. En su lugar, la Asamblea Nacional asumiría esa función. Lo haría mediante procesos públicos.
El plan prioriza la transparencia y la meritocracia. También promueve la participación ciudadana. Además, busca fortalecer el control y el escrutinio público.
Nuevo modelo de designación de autoridades
Dentro de la propuesta se establece un sistema renovado en el que la Asamblea Nacional asumiría la designación de autoridades a través de tres modalidades diferenciadas:
• Postulación ciudadana
• Ternas enviadas por el Ejecutivo
• Selección de integrantes del Consejo de la Judicatura
Este esquema busca diversificar los mecanismos de elección y reducir la concentración de poder en un solo organismo.
Alcance de la pregunta de consulta popular
La pregunta de consulta popular incluye además un anexo específico que plantea una modificación directa al artículo 207 de la Constitución, eliminando la frase que otorga al Cpccs la atribución de designar autoridades.
Este ajuste normativo es clave dentro de la reforma, ya que redefine el rol del organismo dentro del sistema democrático ecuatoriano.
Trámite institucional y próximos pasos
Aunque el documento ya fue enviado al Consejo Nacional Electoral, el Ejecutivo ha solicitado que sea esta entidad la encargada de remitir la propuesta a la Corte Constitucional para su revisión final.
La inclusión de la pregunta de consulta popular en las elecciones dependerá de la aprobación de los ajustes constitucionales y del cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, lo que marcará el rumbo de esta iniciativa en los próximos meses.
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