Unidad Popular presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para evitar su cancelación del registro electoral, en medio de una disputa con el Consejo Nacional Electoral sobre el número real de desafiliaciones reportadas.
El 2 de abril de 2026, el director nacional del movimiento, Geovanni Atarihuana, ingresó un recurso subjetivo contra la resolución emitida el 30 de marzo por el Consejo Nacional Electoral, que determinó la proscripción de la organización política al señalar la existencia de 175.000 desafiliaciones.
El caso fue asignado a la jueza Ivonne Coloma, quien dispuso un plazo de dos días para que la organización complete y precise los fundamentos legales del recurso, incluyendo los argumentos de afectación y las normas que consideran vulneradas. Además, solicitó al organismo electoral que entregue los informes técnicos y jurídicos que respaldan la decisión adoptada.
Unidad Popular y su recurso ante el TCE
La dirigencia sostiene que la medida carece de sustento técnico. Según Atarihuana, el Consejo Nacional Electoral no presentó pruebas claras que respalden la cifra de desafiliaciones señalada en la resolución.
El recurso busca frenar la cancelación del movimiento político, que considera que se está vulnerando su derecho a la participación democrática.
Movilización en rechazo a la decisión
El 1 de abril, simpatizantes y dirigentes realizaron una movilización desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede del organismo electoral en Quito. La protesta tuvo como objetivo expresar el rechazo a la medida y exigir transparencia en el proceso.
Durante la jornada, se evidenció el respaldo de las bases del movimiento, que consideran injustificada la decisión administrativa.
Unidad Popular defiende sus afiliaciones
Atarihuana presentó decenas de carpetas organizadas por provincias junto con un respaldo digital que, según afirmó, contiene más de 206.000 firmas válidas de afiliados.
Desde la organización se insiste en que el número de desafiliaciones reportado no corresponde a la realidad y que existe una inconsistencia en los datos manejados por el ente electoral.
Cuestionamientos al proceso del CNE
Otra de las dirigentes, Natasha Rojas, señaló que la notificación oficial recibida por el movimiento solo registraba 261 desafiliaciones, lo que contradice la cifra utilizada para justificar la cancelación.
Este punto se ha convertido en uno de los principales argumentos del recurso, ya que, de confirmarse, pondría en duda la legalidad de la resolución.
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