Fideicomisos para asegurar pagos en proyectos eléctricos
El Gobierno de Daniel Noboa ha establecido un nuevo marco normativo que busca reactivar 12 proyectos eléctricos paralizados desde hace años. Estas obras, centradas en energías renovables no convencionales, han enfrentado retrasos debido a la falta de garantías para que las empresas privadas recuperen su inversión. Para enfrentar este obstáculo, el Decreto Ejecutivo 32 obliga a las distribuidoras públicas a crear fideicomisos, garantizando así el pago a las generadoras privadas a partir del cobro a los usuarios finales.
Esta medida pretende brindar confianza a los inversionistas. La constitución obligatoria de fideicomisos marca un cambio respecto al reglamento anterior, que solo facultaba a las distribuidoras a establecerlos de manera opcional. Así se busca acelerar la ejecución de importantes proyectos eléctricos adjudicados desde 2020.
Alternativas adicionales para reactivar proyectos eléctricos detenidos
Además del fideicomiso, el decreto contempla tres mecanismos clave: fondos contingentes, garantías de pago o liquidez, y delegación directa. Estas herramientas permitirán adaptar las garantías a cada proyecto según su complejidad. El Ministerio de Finanzas deberá emitir un dictamen favorable antes de su implementación.
El Gobierno también autoriza precios preferentes en la tarifa para proyectos de hasta 100 megavatios, lo cual resulta atractivo para quienes apuesten por tecnologías limpias como la fotovoltaica o la eólica. Todo esto con el objetivo de dinamizar el sector energético y avanzar en la transición hacia fuentes más sostenibles.
Tarifas eléctricas y el desafío del déficit
Uno de los problemas estructurales que enfrenta el sistema eléctrico en Ecuador es el denominado «déficit tarifario». Desde 2008, las tarifas no consideran el costo de inversión en generación, lo que ha generado una brecha financiera que pone en duda la sostenibilidad de los pagos a todos los actores de la cadena.
Este contexto ha dificultado el avance de varios proyectos eléctricos a pesar de su adjudicación. Las empresas distribuidoras, últimas en la prelación de pago dentro del fideicomiso, se verían especialmente afectadas si los fondos no alcanzan para cubrir todos los compromisos.
Inversión internacional como respaldo a los proyectos eléctricos
El Gobierno anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará una garantía de USD 77 millones para cubrir posibles incumplimientos de pago. Esta garantía, parte de una línea de crédito de USD 140 millones, servirá como última instancia en caso de que no se logren cubrir las obligaciones con las generadoras privadas.
Este respaldo permitirá avanzar con obras emblemáticas como Villonaco III y El Aromo, adjudicadas en 2020, pero detenidas por falta de seguridad financiera. Se espera que con esta garantía, y el marco normativo reformado, los proyectos eléctricos cobren impulso.
Impacto económico y energético de los nuevos proyectos
Los 12 proyectos eléctricos a reactivar suman una capacidad de 810 megavatios y representan una inversión total de USD 1.100 millones. Estas obras están distribuidas entre plantas solares, eólicas e hidroeléctricas. La activación de estos proyectos no solo ayudará a cubrir la creciente demanda de energía en el país, sino que también generará empleo y fomentará la inversión extranjera directa.
Si bien los fideicomisos son un avance importante, persisten desafíos en la estructura tarifaria y en la eficiencia del sector público. A pesar de ello, el impulso del Gobierno representa una oportunidad concreta para transformar el panorama energético nacional con una participación más activa del capital privado en los proyectos eléctricos.
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