Quito enfrenta una nueva encrucijada administrativa. La reciente decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de eliminar el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de las planillas eléctricas ha dejado al Municipio con un vacío financiero que podría superar los 18 millones de dólares en solo tres meses.
Desde 2019, este cobro se realizaba junto con la factura de luz gracias a un convenio entre la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), lo que garantizaba una cobertura de más de un millón de usuarios. Ahora, el Municipio debe encontrar con urgencia un nuevo método para mantener el servicio operativo y sostenible.
El motivo del cambio sobre la tasa de basura en Quito
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que la medida busca cumplir con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que las planillas solo pueden reflejar el consumo de energía. Según Manzano, no habrá excepciones, excepto el cobro destinado a los cuerpos de bomberos, que cuenta con respaldo legal.
El anuncio, hecho durante el feriado por la Independencia de Guayaquil, tomó por sorpresa al Municipio quiteño. El alcalde Pabel Muñoz calificó la decisión como unilateral y sin sustento jurídico, advirtiendo que la eliminación del cobro afectará la estabilidad financiera de la ciudad, aunque el servicio de recolección de basura continuará de manera normal.
Las opciones sobre la mesa para Quito
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, el administrador general, Rosman Camacho, explicó que Quito recauda cerca de seis millones de dólares mensuales por concepto de la TRB. Ante la pérdida de estos recursos, el Municipio analiza tres alternativas principales:
- Incluir el cobro en la planilla de agua potable, lo que aprovecharía la red de distribución existente.
- Incorporarlo en el impuesto predial, aunque esto implicaría ajustes legales y administrativos.
- Aplicar una tarifa basada en la cantidad de residuos generados, una medida más justa pero difícil de implementar a corto plazo.
Mientras tanto, el Municipio cubrirá los costos del servicio con recursos propios hasta definir un nuevo modelo.
Un convenio aún vigente
El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, recordó que el convenio entre Emaseo y la EEQ, firmado en 2023, tiene vigencia hasta diciembre de 2025. Según Sandoval, no se ha cumplido ninguna causal legal para darlo por terminado, ya que no existe vencimiento de plazo ni incumplimiento de obligaciones. Tampoco se ha recibido una notificación formal del Ministerio.
El funcionario cuestionó que el anuncio se haya hecho sin comunicación oficial, ya que apenas seis días antes del comunicado se discutían lineamientos para renovar el acuerdo.
Reacciones políticas y municipales
Varios concejales expresaron su preocupación por las repercusiones económicas y sociales de la medida. Diego Garrido advirtió que muchos municipios más pequeños no podrán sostener el servicio de recolección sin este mecanismo de cobro. Por su parte, la edil Diana Cruz criticó al Gobierno central por tomar decisiones sin diálogo y con tintes políticos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Fidel Chamba, insistió en que cualquier modificación debe pasar por un proceso jurídico y una ordenanza aprobada por el Concejo. Además, se presentará una resolución para declarar de interés público la continuidad del servicio de gestión de residuos sólidos en la capital, garantizando que no se interrumpa mientras se define la nueva modalidad de pago.
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