- La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un patio de vehículos en el norte de Quito.
- El establecimiento operaba sin Licencia Metropolitana de Actividades Económicas (LUAE) ni permisos.
- Se acumulan más de 15 denuncias por cobros irregulares y retención ilícita de maquinaria pesada.
- Las autoridades municipales coordinan con la Fiscalía para proteger los derechos de los afectados.
En un operativo interinstitucional ejecutado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) del Municipio de Quito junto con la Policía Nacional, las autoridades colocaron sellos de clausura definitiva en un establecimiento comercial clandestino que operaba como patio de compraventa de vehículos y maquinaria pesada en el norte de la capital. La intervención se produjo tras recibir reiteradas alertas de ciudadanos víctimas de presuntas estafas millonarias bajo la modalidad de falsas consignaciones.
El local operaba al margen de la ley, sin contar con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) ni planes de contingencia aprobados por el Cuerpo de Bomberos. Esta acción fiscalizadora forma parte del plan integral de ordenamiento de la urbe, que complementa las supervisiones de infraestructura urbana como las ejecutadas en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Churoloma y otros proyectos del Distrito Metropolitano.
Modalidad de captación y perjuicio económico a las víctimas
De acuerdo con testimonios recopilados por los agentes de control municipal, los encargados del establecimiento atraían a propietarios de retroexcavadoras, volquetas y camionetas ofreciendo vender las unidades a precios atractivos a cambio de una pequeña comisión. Sin embargo, una vez suscritos contratos privados de adhesión y entregados los bienes, los supuestos intermediarios comercializaban los vehículos a terceros, cobraban anticipos en efectivo y jamás entregaban el dinero a los legítimos dueños.
Al menos 15 personas han interpuesto denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, señalando que las pérdidas individuales superan los 40.000 dólares. Cuando los afectados acudían a reclamar sus vehículos o los pagos acordados, recibían cheques sin fondos o eran intimidados por guardias de seguridad privados que impedían su acceso a las instalaciones comerciales.
Sanciones administrativas y acciones penales en marcha
Durante la inspección técnica, los inspectores de la AMC levantaron un acta sancionatoria por ejercer actividades económicas en espacio no autorizado, infracción que conlleva una multa equivalente a varios salarios básicos unificados y la prohibición absoluta de reapertura. Por su parte, peritos de la Policía Judicial procedieron a verificar las series alfa numéricas de motores y chasis de los vehículos retenidos en el predio para verificar posibles reportes de robo o adulteración de documentos.
El Municipio de Quito exhortó a la ciudadanía a verificar en los registros oficiales la legalidad de patios de autos y concesionarias antes de entregar documentación original o adelantos monetarios. Las investigaciones penales continúan para determinar la identidad de los cabecillas de esta presunta red delictiva que perjudicó a emprendedores y trabajadores del sector del transporte pesado en Pichincha y provincias aledañas.
Recomendaciones para evitar fraudes en la compraventa vehicular
Las autoridades recomiendan a los usuarios exigir siempre el historial de dominio vehicular en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y constatar que el patio cuente con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo con actividad comercial de intermediación automotriz. Del mismo modo, se advierte no entregar poderes especiales ni matriculaciones en blanco a terceros sin contar con el respaldo de depósitos bancarios debidamente acreditados en el sistema financiero formal.
Adicionalmente, los gremios de transportistas pesados hicieron un llamado a la Función Judicial para que no dilate la fijación de audiencias de formulación de cargos contra los presuntos estafadores, evitando que traspasen los bienes a testaferros o abandonen el país con los capitales ilícitamente obtenidos en perjuicio de decenas de familias quiteñas.
Los afectados han conformado una veeduría ciudadana respaldada por colegios profesionales de abogados para dar seguimiento a cada etapa del proceso en los juzgados penales de Pichincha. Exigen la inmediata inmovilización de cuentas bancarias y la emisión de órdenes de prohibición de salida del país para los administradores del predio clausurado, sentando un precedente judicial firme contra las redes de intermediación clandestina en el Distrito Metropolitano.
