- Mauro Andino, en representación del alcalde Pabel Muñoz, calificó de improcedente la denuncia de Guarderas.
- Afirmó que la acusación por concusión y cohecho carece del más elemental sustento fáctico y probatorio.
- El jurista denunció un intento de instrumentalizar la justicia con fines electorales de cara a comicios futuros.
- El cabildo capitalino mantiene abiertas sus dependencias y colabora con las diligencias de la Fiscalía.
Cuestionamientos a la tipicidad penal y motivaciones políticas
En una enérgica comparecencia pública ante medios de comunicación en la capital este 22 de octubre de 2026, el abogado y analista constitucional Mauro Andino, hablando en calidad de vocero y representante jurídico del alcalde metropolitano Pabel Muñoz, desestimó categóricamente la validez jurídica de la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, titular de la Fundación Lucha Anticorrupción, que motivó recientes allanamientos a dependencias del Municipio de Quito.
Andino enfatizó que la denuncia, que pretende atribuir presuntos cobros obligatorios de cuotas políticas a funcionarios municipales bajo las figuras de concusión y cohecho, ‘no contiene el más mínimo argumento probatorio ni sustento fáctico verificable’. El abogado explicó que las figuras penales invocadas requieren exigencias dinerarias indebidas para favorecer contratos o actos administrativos propios del cargo, extremos que jamás han ocurrido en la actual gestión municipal.
El jurista sostuvo que la acción responde a una estrategia deliberada de hostigamiento político destinada a erosionar la imagen de la administración municipal en la capital de la República.
En el marco de la coyuntura nacional e internacional, diversos analistas y especialistas del sector subrayan que los acontecimientos reportados marcan un precedente sustancial para la toma de decisiones estratégicas en los ámbitos público y privado. Las autoridades competentes mantienen mesas de trabajo permanentes con comités técnicos y veedurías ciudadanas para evaluar los impactos de estas medidas, asegurando la debida transparencia y el cumplimiento irrestricto del ordenamiento legal vigente en beneficio directo de la colectividad. Se prevé que durante las próximas semanas se presenten balances consolidados que permitan dimensionar con exactitud el alcance de las resoluciones adoptadas y sus efectos en el mediano plazo para todos los sectores involucrados en el país.
Asimismo, representantes de la sociedad civil y gremios profesionales destacaron que la articulación interinstitucional resulta indispensable para garantizar la efectividad de las políticas implementadas, exhortando a mantener canales de diálogo constructivo y fiscalización permanente para fortalecer la confianza de los ciudadanos y los usuarios en los servicios fundamentales. El seguimiento continuo por parte de observadores independientes permitirá constatar que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras tangibles y verificables en las diferentes provincias y comunidades del territorio nacional.
Transparencia administrativa y colaboración institucional
Desde el despacho central del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y ante la Fiscalía General del Estado, se ratificó la total apertura de oficinas para la entrega voluntaria de documentación, tal como se expresó cuando el Municipio de Quito exige celeridad a la Fiscalía tras allanamientos en la ciudad.
La defensa técnica anunció que presentará los descargos legales pertinentes en sede fiscal para solicitar el archivo inmediato de la indagación previa por inexistencia de delito.
