Con 143 legisladores conectados de forma virtual, el Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló el primer debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), calificado como urgente en materia económica por el Ejecutivo. La propuesta establece nuevas reglas fiscales para municipios y prefecturas y ha generado una fuerte controversia por sus posibles efectos en la autonomía local y la inversión social.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, dispuso que la iniciativa regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para incorporar observaciones y preparar el informe para el segundo y definitivo debate.
Una regla fiscal que redefine el presupuesto local
El eje central del proyecto es la imposición de una regla 70/30 que obligaría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública, mientras que el gasto corriente —como sueldos y funcionamiento administrativo— no podría superar el 30%. La aplicación sería progresiva hasta 2028 para municipios y prefecturas.
Según datos expuestos en el debate, entre 2021 y 2024 el 64% del presupuesto municipal se destinó a gasto corriente. En 2024, el promedio de inversión de los GAD fue de 24%. En ciudades como Guayaquil y Quito la asignación para inversión habría sido de 27% y 23%, respectivamente. Alcanzar el 70% implicaría una transformación estructural en la planificación financiera territorial.
El proyecto también contempla sanciones: los gobiernos locales que no cumplan los porcentajes podrían ver reducidas sus asignaciones estatales a los mínimos constitucionales, equivalentes al 15% de ingresos permanentes y 5% de no permanentes.
Oficialismo defiende eficiencia, oposición advierte retroceso
Desde la Comisión de Desarrollo Económico se argumenta que la Reforma al Cootad busca corregir distorsiones y reorientar recursos hacia infraestructura y servicios básicos. En el debate se mencionó que en 2023 se habrían destinado 43,7 millones de dólares a actividades de entretenimiento y que en el último año los municipios gastaron alrededor de 36 millones en festividades.
La disposición no se aplicaría a juntas parroquiales rurales, tras pedidos de representantes territoriales, por lo que el impacto recaería únicamente en municipios y prefecturas.
En contraste, alcaldes y prefectos han advertido que la reclasificación presupuestaria podría obligarlos a cerrar programas sociales financiados actualmente como gasto corriente, entre ellos centros de atención prioritaria, escuelas deportivas e instituciones municipales. También sostienen que el Gobierno Central mantiene deudas cercanas a 1.000 millones de dólares con los GAD, lo que agrava la preocupación sobre posibles recortes.
Un debate marcado por acusaciones políticas
Durante la sesión intervinieron 16 legisladores. Desde la oposición se calificó la propuesta como inconstitucional y se alertó que podría convertirse en un mecanismo de presión política hacia autoridades locales no alineadas con el Ejecutivo. Incluso se presentó una moción para archivar el proyecto.
La moción no prosperó: obtuvo 63 votos a favor, 70 en contra y 7 abstenciones. Con ese resultado, la Reforma al Cootad continúa su trámite legislativo y volverá a comisión antes del segundo debate.
El escenario anticipa una discusión intensa en las próximas semanas, con gobiernos locales exigiendo mayor diálogo y el oficialismo defendiendo que la medida apunta a fortalecer la inversión pública y mejorar la calidad del gasto en los territorios.
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