La reforma al Código de la Democracia fue aprobada de manera unánime por los nueve miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esta votación se realizó el 10 de junio de 2025. La iniciativa unifica múltiples propuestas legislativas y busca modernizar el sistema electoral con criterios de transparencia, equidad y participación.
Unificación normativa para garantizar procesos más justos
El nuevo texto legal fusiona 22 proyectos en una sola propuesta. La reforma al Código de la Democracia plantea reglas claras para fortalecer la representación ciudadana y prevenir irregularidades. Además, promueve procesos inclusivos y democráticos.
Entre sus principales avances se encuentran nuevas disposiciones que regulan el financiamiento electoral. Estas establecen límites estrictos a las contribuciones económicas. Asimismo, introducen sanciones específicas para quienes incumplan las normas establecidas.

Equidad de género y participación de jóvenes
De forma paralela, la reforma incorpora mecanismos para garantizar la equidad de género. De esta manera, se refuerza la presencia femenina en listas y cargos de elección popular. También se abordan casos de violencia política de género mediante sanciones concretas.
Por otro lado, se incluyen medidas para fomentar la participación de los jóvenes en el ámbito electoral. Además, se asegura que los ecuatorianos residentes en el extranjero puedan votar sin barreras administrativas.
Control del gasto electoral y fortalecimiento de partidos
Otro punto clave de la reforma al Código de la Democracia es el control más riguroso del gasto de campaña. Este control incluye límites al uso de fondos por parte de los candidatos y exige una rendición de cuentas precisa.
Adicionalmente, se establece un umbral mínimo de votos que los partidos deben alcanzar. Esta medida busca evitar la proliferación de organizaciones sin respaldo ciudadano. A la vez, fortalece la legitimidad del sistema representativo.
En resumen, la reforma al Código de la Democracia representa un avance sustancial para Ecuador. Su objetivo es consolidar un sistema electoral más transparente, participativo e inclusivo.
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