La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender provisionalmente al movimiento Revolución Ciudadana por nueve meses generó una fuerte reacción dentro de la organización política, cuyos dirigentes y legisladores calificaron la medida como una persecución política y anunciaron que recurrirán a instancias legales para impugnarla.
La resolución fue emitida el 6 de marzo de 2026 por el juez Joaquín Viteri, quien ordenó retirar temporalmente a la organización del registro permanente de organizaciones políticas administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La suspensión se mantendrá mientras se desarrolla el proceso relacionado con una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón.
El pedido del funcionario se enmarca en una investigación previa por presunto lavado de activos vinculada al denominado caso Caja Chica, en el que se analiza la posible participación de dirigentes relacionados con el movimiento político.
Reacciones de la Revolución Ciudadana tras la suspensión
Tras conocerse la resolución judicial, legisladores vinculados a la Revolución Ciudadana expresaron su rechazo a la medida y cuestionaron el proceso que llevó a la decisión del tribunal electoral.
El asambleísta Juan Andrés González afirmó que la suspensión forma parte de una persecución política reiterada contra la organización. Según explicó, el movimiento ha comparecido a las audiencias correspondientes y ha presentado los descargos dentro de los procesos abiertos.
El legislador sostuvo que la agrupación continuará defendiendo su participación en el escenario político y aseguró que seguirán presentándose ante las instancias judiciales y electorales que correspondan. También indicó que el movimiento analizará las acciones legales disponibles para enfrentar la suspensión.
González añadió que, a su criterio, existe un trato diferenciado hacia su organización frente a otras fuerzas políticas del país y que continuarán movilizando apoyo ciudadano mientras se desarrolla el proceso.
Cuestionamientos a las instituciones y al impacto político
Desde distintos sectores del movimiento también surgieron críticas sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y el impacto que esta medida podría tener en el sistema democrático.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, difundió un mensaje en el que advirtió que la decisión del TCE podría sentar un precedente negativo para el país. Según expresó, la resolución no solo afecta a una organización política específica, sino que también incide en el derecho de los ciudadanos a elegir entre distintas propuestas políticas.
En su pronunciamiento se señala que las instituciones deben garantizar derechos y no convertirse en herramientas que influyan en la participación política o en el debate democrático.
Preocupación por efectos en el pluralismo político
El asambleísta Vicente Báez también manifestó su rechazo a la resolución y expresó preocupación por las posibles consecuencias que una decisión de este tipo podría tener para el sistema democrático.
A su criterio, las medidas que afectan a organizaciones políticas deben analizarse con un alto nivel de rigurosidad jurídica y respetar plenamente el debido proceso. Según indicó, la fortaleza de la democracia depende de la existencia de garantías institucionales, transparencia y respeto a las normas del Estado de derecho.
Mientras tanto, el movimiento Revolución Ciudadana anunció que continuará utilizando los mecanismos institucionales disponibles para intentar revertir la suspensión, en medio de un nuevo episodio de tensión dentro del panorama político ecuatoriano.
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