La frase clave Revolución Ciudadana marca el inicio de una propuesta legislativa que busca cambiar de forma profunda la atención a casos de personas desaparecidas en Ecuador, eliminando tiempos de espera y priorizando una respuesta estatal inmediata y articulada.
Revolución Ciudadana impulsa cambios urgentes en la ley
La iniciativa presentada en la Asamblea Nacional propone eliminar la espera de 48 horas para declarar a una persona como desaparecida. En su lugar, se plantea que los protocolos de búsqueda se activen en un máximo de 30 minutos desde que se presenta la denuncia, especialmente en casos que involucren a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
Nuevo sistema nacional de búsqueda
El proyecto también contempla la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda que integre en una sola plataforma todas las bases de datos institucionales. Este sistema incluiría herramientas tecnológicas como georreferenciación, alertas automáticas y actualizaciones en tiempo real para mejorar la efectividad de las investigaciones.
Revolución Ciudadana propone clasificación de casos
Otro de los puntos clave es la clasificación técnica de las desapariciones. La propuesta establece que los casos deberán categorizarse en un máximo de dos horas, diferenciando entre desapariciones de alto riesgo, forzadas, vinculadas a delitos o en zonas críticas, con el fin de adaptar la respuesta según la gravedad.
Difusión obligatoria y rol de gobiernos locales
La reforma incluye la activación de una Alerta Nacional que deberá difundirse en medios de comunicación y redes sociales. Además, incorpora a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en tareas de prevención, apoyo territorial y colaboración en las búsquedas.
Revolución Ciudadana incorpora reparación integral
A diferencia de la normativa vigente, el proyecto introduce un enfoque de reparación integral. Esto implica garantizar atención médica, psicológica y acompañamiento institucional a las víctimas y sus familias, incluso después de que la persona haya sido localizada.
Contexto político y debate en la Asamblea
La propuesta surge tras una sentencia de la Corte Constitucional relacionada con un caso de desaparición que generó conmoción nacional. En este contexto, la Asamblea Nacional también definió que la Comisión de Seguridad será la encargada de tratar tanto la fiscalización como las reformas legales, lo que ha generado debate político sobre el control del proceso.
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