- La deuda del Estado ecuatoriano con las clínicas de diálisis asciende a USD 400 millones del MSP y USD 80 millones del IESS.
- En el país, 20.800 pacientes dependen de terapias de hemodiálisis periódicas, atendiéndose 19.340 de ellos en 116 centros privados.
- Prestadores externos arrastran hasta 26 meses de atrasos en desembolsos, imposibilitando la compra de filtros y fármacos.
La supervivencia de miles de ciudadanos diagnosticados con enfermedad renal crónica avanzada en Ecuador se encuentra amenazada por la profunda asfixia financiera que enfrentan los centros médicos particulares. La Asociación Nacional de Dializadoras lanzó un llamado de alerta extrema ante el inminente riesgo de suspensión del servicio debido a una deuda acumulada por las instituciones públicas que alcanza los USD 480 millones.
El detalle de las obligaciones vencidas muestra que el Ministerio de Salud Pública (MSP) adeuda alrededor de USD 400 millones, cifra que se ha quintuplicado desde 2021 cuando rondaba los USD 80 millones. Por su parte, la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se ubica en cerca de USD 80 millones por tratamientos ya brindados a los afiliados y jubilados.
Magnitud de la deuda estatal y riesgo de suspensión
En el territorio nacional, aproximadamente 20.800 personas dependen de hemodiálisis tres veces a la semana para limpiar las toxinas de su sangre y continuar viviendo. De ese universo, 19.340 pacientes son atendidos en 116 centros dializadores privados que operan 3.500 máquinas de filtrado. La red de hospitales del Estado apenas tiene capacidad para tratar a 1.460 enfermos, evidenciando una dependencia casi total del sector privado.
La portavoz del gremio, Pamela Luna, explicó que varios centros registran hasta 26 meses de impagos, lo que ha llevado al congelamiento de líneas de crédito bancario y al desabastecimiento crítico de insumos vitales como heparina, dializadores capilares y soluciones acidificadas.
La Constitución del Ecuador reconoce a las afecciones renales terminales como enfermedades catastróficas, obligando al Estado a garantizar la gratuidad integral de su tratamiento. Sin embargo, los retrasos sistemáticos en las auditorías médicas y las transferencias del Ministerio de Finanzas han creado un cuello de botella que pone en peligro inminente la vida de los pacientes.
Directores de clínicas en Guayaquil, Quito y Portoviejo recalcan que suspender una sola sesión de diálisis provoca acumulación de líquidos en los pulmones y desequilibrios electrolíticos que pueden ser mortales en cuestión de horas. La mayoría de los usuarios pertenecen a familias de escasos recursos económicos que no tienen capacidad para pagar de su bolsillo tratamientos particulares de USD 140 por sesión.
Normas dictadas por la Organización Panamericana de la Salud y regulaciones del Ministerio de Salud Pública imponen estándares rigurosos de calidad a los centros de hemodiálisis, exigiendo personal nefrológico especializado continuo y desinfección química de las plantas de tratamiento de agua.
La situación sanitaria se analiza con detenimiento en nuestras notas de salud pública y bienestar colectivo. Organismos de derechos humanos citados por Reuters recuerdan que el Estado no puede eludir su responsabilidad jurídica de financiamiento a la salud de personas con enfermedades catastróficas, urgiendo la instalación de una mesa técnica de pagos de emergencia.
Familiares de los pacientes se han organizado en comités de defensa de la vida para protagonizar plantones pacíficos en las afueras de los ministerios, solicitando al Ejecutivo la asignación de fondos directos y no embargables para que las clínicas puedan seguir operando.
Impacto en la vida de los pacientes renales crónicos
Los médicos nefrólogos demandan también una política integral de prevención de la diabetes y la hipertensión en los centros de salud barriales para evitar que nuevos pacientes lleguen en etapas terminales a las unidades de hemodiálisis de todo el país.
La escasez de suministros médicos importados amenaza con provocar el cierre escalonado de salas de filtrado en provincias con alta concentración poblacional como Azuay, Manabí y Los Ríos, donde los centros particulares no pueden renovar sus contratos de abastecimiento con casas farmacéuticas internacionales.
Comisiones de salud de la Asamblea Nacional anunciaron que llamarán a comparecer a los ministros de Economía y de Salud para exigir un cronograma de pagos inmediato y vinculante que impida la paralización del servicio de hemodiálisis en el país.
El derecho inalienable a la vida de los más de 20.000 ecuatorianos con insuficiencia renal terminal demanda una respuesta estatal prioritaria, despojada de trabas burocráticas y centrada en la dignidad de los enfermos.
Médicos especialistas alertan que interrumpir las sesiones programadas desencadena complicaciones cardíacas irreversibles que sobrecargarían aún más las salas de cuidados intensivos de los hospitales públicos ecuatorianos.
Respuestas del Ministerio de Finanzas y el IESS
Las familias de los enfermos renales mantienen su vigilia cívica frente a la Presidencia de la República, esperando una solución definitiva que garantice la continuidad ininterrumpida de sus tratamientos vitales.
La Asociación Nacional de Dializadoras y los colectivos de pacientes renales hicieron un llamado urgente al Ejecutivo y a las autoridades del IESS para conformar una mesa técnica interinstitucional de pagos que evite la paralización del servicio de hemodiálisis en el país.
Médicos nefrólogos recalcan que la interrupción del tratamiento dialítico pone en riesgo de muerte inminente a miles de enfermos que dependen de las máquinas para purificar su torrente sanguíneo, por lo que instan al Estado a priorizar los recursos económicos indispensables para garantizar la vida humana.
La defensa del derecho a la salud de las personas con enfermedades catastróficas constituye una obligación constitucional ineludible que demanda acciones inmediatas y coordinadas por parte de todas las carteras de Estado involucradas.
La garantía constitucional del derecho a la salud para pacientes con enfermedades renales catastróficas exige que el Estado ecuatoriano asigne de manera prioritaria y urgente los recursos requeridos por las clínicas.
