- La banda captaba víctimas en zonas rurales de la Sierra y el Austro bajo falsas ofertas de visado.
- Exigían pagos escalonados de entre $ 15.000 y $ 20.000 mediante hipotecas informales y pagarés.
- Las rutas terrestres y marítimas exponían a familias completas a condiciones de extrema precariedad.
- Allanamientos simultáneos en tres provincias permitieron incautar dinero en efectivo y teléfonos satelitales.
En el marco de una operación coordinada entre unidades especializadas de inteligencia y la fiscalía, cuatro ciudadanos fueron aprehendidos durante allanamientos simultáneos en las provincias de Azuay, Cañar y Pichincha, acusados de integrar una red de tráfico de migrantes que cobraba tarifas abusivas de entre 15.000 y 20.000 dólares a ciudadanos ecuatorianos para trasladarlos de manera irregular hacia Estados Unidos.
Las indagaciones revelan que la estructura captaba principalmente a campesinos y familias vulnerables en comunidades rurales, convenciéndolos con engaños sobre supuestos trayectos seguros hacia el norte del continente, conectándose con allanamientos y capturas a bandas delictivas organizadas. Portavoces de la Policía Nacional del Ecuador confirmaron que la organización operaba mediante una sofisticada red de coyoteros que obligaba a las víctimas a hipotecar sus terrenos agrícolas y firmar letras de cambio en blanco para garantizar los desembolsos.
Rutas de alto riesgo y condiciones inhumanas de viaje
El periplo clandestino diseñado por los capturados forzaba a los migrantes a desplazarse en buses informales hacia las fronteras con Colombia o Centroamérica, para luego internarse en las selvas del Tapón del Darién o en embarcaciones pesqueras precarias que navegaban de noche sin chalecos salvavidas ni radios de auxilio.
Testimonios de víctimas sobrevivientes acogidas a programas de protección relatan que, una vez iniciado el viaje, los delincuentes incrementaban los cobros extorsivos bajo amenazas de abandonarlos a merced de bandas criminales transnacionales en México. Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han advertido de manera reiterada sobre los peligros letales y los abusos a los derechos humanos que sufren los migrantes en estas rutas irregulares.
Incautación de evidencias y formalización de cargos
Durante los registros a inmuebles residenciales y oficinas clandestinas, los agentes fiscales incautaron cientos de pasaportes retenidos a las víctimas, libretas de ahorro con registros de depósitos millonarios, comprobantes de giros internacionales y teléfonos móviles con chats donde se coordinaban los traslados y el pago a colaboradores logísticos.
Los cuatro implicados fueron puestos a órdenes de los jueces competentes en audiencias de formulación de cargos, donde se dictó prisión preventiva y la inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles para asegurar la reparación integral a los perjudicados.
Llamado a la prevención y canales de denuncia
Las autoridades policiales hicieron un enérgico llamado a la ciudadanía para rechazar las ofertas engañosas de viajes clandestinos difundidas a través de redes sociales y denunciar anónimamente a los intermediarios que lucran con la desesperación de las familias.
El Ministerio del Interior ratificó que continuará trabajando junto a representaciones diplomáticas extranjeras para neutralizar las ramificaciones del coyoterismo y desmantelar el andamiaje financiero que sustenta este lucrativo negocio ilícito en el país.
Los testimonios recopilados por los agentes del orden dan cuenta de los abusos y vejaciones que sufren las víctimas en albergues clandestinos a lo largo de las rutas migratorias centroamericanas. En muchos casos, los delincuentes exigían giros adicionales a familiares residentes en el exterior bajo amenazas de violencia física directa.
La Policía Nacional ratificó que las unidades de investigación transnacional mantienen convenios de asistencia judicial mutua con países de tránsito, lo que facilitará el procesamiento conjunto de los enlaces extranjeros que coordinaban la recepción y transporte de los migrantes ecuatorianos. De igual forma, la Defensoría Pública ha dispuesto asesoría legal prioritaria a las familias perjudicadas para tramitar la recuperación de las escrituras de terrenos y pagarés que fueron firmados bajo coacción durante la negociación de los viajes clandestinos. Los funcionarios judiciales enfatizaron que el Estado brindará acompañamiento psicosocial integral a las familias afectadas, garantizando que los testimonios de los sobrevivientes sirvan para desarticular definitivamente a estas organizaciones criminales y resarcir el daño económico y moral ocasionado a las comunidades campesinas más expuestas de la Sierra sur.
