- Fuerzas militares intervinieron enclaves de extracción clandestina en los sectores El Verde y Mina Vieja en Urcuquí.
- Se inhabilitaron seis bocaminas activas, generadores de energía, compresores de aire y poleas industriales.
- Las pérdidas económicas para las estructuras delictivas dedicadas a la extracción ilícita superan miles de dólares.
- Los operativos buscan salvaguardar reservas hídricas y ecosistemas montañosos fuertemente contaminados.
Efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de unidades de infantería de la Brigada Andes, ejecutaron una contundente operación de control militar en contra de la minería ilegal en Imbabura, focalizada en los sectores de difícil acceso de El Verde y Mina Vieja, dentro de la jurisdicción del cantón Urcuquí. La incursión permitió desarticular campamentos clandestinos y neutralizar maquinaria pesada empleada por mafias dedicadas a la extracción ilícita de minerales metálicos.
Desarticulación de bocaminas y decomiso de maquinaria industrial
Durante las operaciones de rastrillaje táctico en quebradas y laderas boscosas, el personal militar identificó seis bocaminas artesanales con túneles de más de ochenta metros de profundidad que operaban sin ninguna medida de seguridad técnica ni ambiental. En el sitio fueron incautados generadores eléctricos industriales, compresores de aire, motores de succión de agua, poleas mecánicas, cientos de metros de mangueras de alta presión y sacos de mineral triturado listos para su transporte clandestino hacia plantas procesadoras no autorizadas.
Los campamentos albergaban además dormitorios rústicos, bodegas de almacenamiento de explosivos y cocinas comunitarias abastecidas para sostener a decenas de trabajadores informales reclutados por estructuras criminales. La presencia de dinamita sin permisos de porte y cordón detonante representaba un peligro inminente de derrumbes subterráneos en las empinadas laderas de la cordillera occidental, poniendo en riesgo la integridad física de quienes operaban en condiciones de precariedad extrema.
Protección de cuencas hídricas y remediación ambiental
Técnicos ambientales que acompañaron la comitiva militar verificaron que las actividades de extracción clandestina provocaban una grave afectación ecológica en las fuentes de agua dulce que alimentan a comunidades campesinas aguas abajo, debido al vertido indiscriminado de hidrocarburos y reactivos químicos sin ningún tratamiento de remediación. Este accionar se suma a los debates expuestos en el análisis sobre la necesidad de combate a la minería ilegal y seguridad jurídica en el sector productivo nacional.
Conforme a los protocolos legales establecidos, la maquinaria inmovilizada que no pudo ser evacuada por la geografía agreste fue destruida e inhabilitada en el lugar mediante explosiones controladas a cargo de ingenieros de combate del Ejército, privando a los grupos criminales de activos operativos avaluados en decenas de miles de dólares. Los informes de decomiso fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
Presencia militar permanente y coordinación interinstitucional
El mando del Ministerio de Defensa Nacional recalcó que las Fuerzas Armadas mantendrán presencia territorial continua en la provincia de Imbabura para impedir que estas estructuras delictivas reactiven las galerías subterráneas o amenacen la tranquilidad de los habitantes locales con redes de extorsión y microtráfico.
Asimismo, se trabaja en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables para colocar sellos de clausura definitiva y planificar la rehabilitación física de los terrenos erosionados por la remoción ilegal de tierra. Líderes comunales de la parroquia Buenos Aires y Urcuquí expresaron su respaldo a las acciones de los uniformados, demandando que los controles viales en las rutas de acceso se mantengan de forma permanente para evitar el ingreso nocturno de insumos químicos, mercurio y combustible subsidiado.
Las operaciones de patrullaje aéreo y terrestre continuarán en la cordillera norte como parte del plan de seguridad integral para erradicar economías ilícitas que financian al crimen organizado en el país y salvaguardar los recursos estratégicos de la nación.
Informes históricos del sector minero recuerdan que los enclaves de Urcuquí y la parroquia Buenos Aires han sido blanco constante de incursiones de grupos delictivos transnacionales atraídos por vetas de alta ley aurífera. Las autoridades advirtieron que el procesamiento clandestino mediante piscinas de cianuro y amalgamación con mercurio genera pasivos ambientales irreversibles en las microcuencas que alimentan al río Mira, contaminando fuentes de captación de agua utilizadas para el riego agrícola y el consumo de poblaciones campesinas aledañas.
Por esta razón, comisiones de auditoría ambiental integradas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica levantaron muestras físico-químicas del suelo y cursos fluviales para dimensionar el costo de la remediación ecológica que deberá implementarse tras la destrucción de las bocaminas clandestinas. Las Fuerzas Armadas ratificaron que los destacamentos tácticos mantendrán controles permanentes en las vías de acceso a las minas para cortar de raíz el flujo de insumos químicos y repuestos de maquinaria que nutren esta economía ilegal.
Las autoridades judiciales reiteraron que quienes financien estas actividades ilícitas enfrentarán procesos penales por delincuencia organizada y daño ambiental agravado.
