- Inda Peñarrieta reclama la restitución de un inmueble valorado incluido en los 46 bienes incautados.
- La defensa sostiene que la propiedad fue donada por un tercero vinculado a la estructura criminal.
- La sentencia de primera instancia determinó un perjuicio patrimonial de USD 25 millones al Estado.
- Tribunales penales ratificaron la inmovilización preventiva de activos mientras avanza la apelación.
Desde el centro de privación de libertad en Guayaquil, Inda Peñarrieta, cónyuge del prófugo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, mantiene una ofensiva jurídica para recuperar un inmueble rústico incautado por la administración de justicia. El predio forma parte del paquete de 46 bienes raíces y comerciales retenidos por el Estado ecuatoriano en el marco del proceso penal denominado Caso Blanqueo Fito, cuya resolución judicial de primera instancia determinó un perjuicio económico estimado en USD 25 millones.
Fundamentos del reclamo judicial y origen del bien
La controversia legal radica en el título traslaticio de dominio del predio, ubicado en la provincia de Manabí. La defensa técnica de Peñarrieta argumenta que el terreno no figura a su nombre registral directo, sino que fue transferido mediante una figura de donación por un presunto colaborador de la banda delictiva Los Choneros con anterioridad al inicio formal de la instrucción fiscal. Sin embargo, los reportes financieros de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) establecieron que la adquisición original se financió mediante fondos de origen ilícito.
En mayo de 2026, el tribunal juzgador impuso penas de 10 años de prisión contra cinco integrantes del círculo cercano del cabecilla narco y ordenó la disolución forzosa de dos empresas mercantiles instrumentales. Las investigaciones por delitos económicos y delincuencia organizada coinciden con otros operativos donde se investiga la corrupción en entidades públicas, tal como ocurrió en las pesquisas sobre militares involucrados en tráfico de combustibles en la frontera, donde las redes ilícitas operaban mecanismos de encubrimiento financiero.
Estatus procesal tras la captura en Colombia
El requerimiento de devolución fue interpuesto de forma telemática mientras Peñarrieta permanecía prófuga en territorio colombiano, previo a su detención y posterior entrega a las autoridades ecuatorianas el 28 de septiembre de 2026. Los jueces de la causa han ratificado que las medidas cautelares reales sobre los inmuebles rústicos y urbanos permanecerán plenamente vigentes hasta que la sentencia condenatoria alcance el estado de ejecutoria formal en casación.
Tanto la Fiscalía General del Estado como informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señalan que el decomiso definitivo de patrimonios injustificados constituye la herramienta más eficaz para desarticular la capacidad logística y armamentística de las bandas criminales transnacionales.
Estrategias de la defensa y control penitenciario
Los abogados patrocinadores de Peñarrieta buscan impugnar las actas de decomiso alegando supuestas vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa de terceros no sentenciados. En sus escritos, sostienen que determinados activos pertenecían a legítimas sucesiones familiares y que no existió una pericia contable individualizada que demuestre el nexo causal directo entre el narcotráfico y la compra del lote en disputa.
No obstante, la Procuraduría General del Estado ha comparecido como acusador particular para exigir la liquidación inmediata de los activos embargados en beneficio de las arcas públicas. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) mantienen estrictas medidas de seguridad y aislamiento sobre la procesada dentro del complejo carcelario de Guayas, limitando sus comunicaciones al estricto patrocinio legal de sus causas vigentes.
El rol de las empresas instrumentales y el lavado
La estructura societaria develada en el proceso penal Caso Blanqueo Fito evidenció cómo personas del entorno íntimo del cabecilla criminal constituyeron compañías en sectores como el transporte pesado y la comercialización de bienes de consumo para justificar millonarios movimientos de capitales. De acuerdo con las pericias contables tributarias, dichas empresas facturaban servicios inexistentes y canalizaban fondos hacia cuentas bancarias personales, permitiendo la adquisición paulatina de propiedades en zonas residenciales exclusivas del perfil costero.
Para la Fiscalía, la pretensión de devolver estos terrenos ignora la doctrina jurídica sobre la extinción del dominio patrimonial derivado de actividades ilícitas. Las autoridades gubernamentales reiteraron que el decomiso definitivo de estos bienes inmuebles servirá para nutrir los fondos de equipamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, asegurando que las ganancias originadas en el narcotráfico y la extorsión retornen al Estado en forma de recursos tangibles para la seguridad ciudadana.
