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Fiscalía solicita notificación roja de Interpol contra Navila Dieb

Solicitud judicial para emitir notificación roja en investigación penal
4 min de lectura
  • La fiscal Ivonne Poveda formalizó el requerimiento ante la Policía Judicial e Interpol.
  • El proceso investigativo indaga presuntos delitos de asociación ilícita y enriquecimiento no justificado.
  • La medida busca la localización y captura internacional de la procesada en 196 países afiliados.
  • El juez de garantías penales ratificó la orden de prisión preventiva tras la inasistencia a diligencias.

En el marco de las investigaciones judiciales por presuntos delitos contra la administración pública y el sistema financiero, la Fiscalía General del Estado formalizó el pedido para que la Organización Internacional de Policía Criminal emita una notificación roja en contra de la ciudadana Navila Dieb Bergher. El requerimiento ministerial tiene como propósito fundamental activar los mecanismos de cooperación policial transfronteriza para localizar, retener y tramitar la inmediata extradición de la procesada, quien no ha comparecido a las convocatorias judiciales dispuestas por los tribunales competentes en territorio ecuatoriano.

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La diligencia fue impulsada por la fiscal de la causa, Ivonne Poveda, quien presentó ante el juzgador de garantías penales los informes periciales que acreditan la salida del país de la imputada con destino a jurisdicciones extranjeras, configurando un evidente riesgo procesal de fuga y obstaculización a la administración de justicia.

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Fundamentos de la notificación roja solicitada por la Fiscalía

De acuerdo con la doctrina procesal y los tratados multilaterales suscritos por Ecuador, la orden de difusión internacional o notificación roja constituye una alerta de máxima prioridad dirigida a las fuerzas de seguridad de los 196 países miembros de Interpol. No representa una orden de captura emitida por el organismo internacional, sino una solicitud formal fundamentada en un mandato de prisión preventiva expedido por un juez penal soberano para que las autoridades extranjeras procedan a la detención provisional de un prófugo con miras a su posterior entrega en extradición.

La Fiscalía General del Estado fundamentó su petición tras constatar que Dieb incumplió de forma reiterada las medidas cautelares alternativas que inicialmente le fueron impuestas, tales como la presentación periódica ante la secretaría de la judicatura y la prohibición de enajenar bienes inmuebles. Al verificarse el desacato injustificado y la pérdida de arraigo domiciliario, el juez de la causa dictó la orden de privación de libertad y autorizó la notificación internacional.

En relación con el seguimiento de causas penales complejas en los tribunales del país, puede revisar también nuestra cobertura sobre cómo la Fiscalía acusó a personas y empresas en el Caso Goleada por irregularidades en la cadena logística de combustibles.

Coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol en Quito

La solicitud de la fiscalía fue remitida directamente a la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol adscrita a la Policía Judicial en Quito. Dicho organismo policial tiene la responsabilidad de validar técnicamente la documentación judicial, verificar que la causa no vulnere el artículo 3 del estatuto de la organización —que prohíbe intervenciones de carácter político, militar, religioso o racial— y cargar la orden en las bases de datos globales del sistema I-24/7.

Una vez admitida la notificación por la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, los sistemas migratorios de aeropuertos, pasos fronterizos y terminales portuarias a nivel mundial generarán alertas automáticas en caso de que la requerida intente abordar vuelos comerciales o tramitar documentación de residencia en terceros países.

Asimismo, en el ámbito de la supervisión judicial y ética en las altas cortes, informamos previamente sobre las decisiones adoptadas en el proceso penal del exjuez David Jacho y las medidas cautelares sustanciadas en la Corte Nacional.

Etapas procesales para la eventual extradición a territorio ecuatoriano

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Extradición contemplan que, una vez que la persona sea ubicada y detenida preventivamente por las fuerzas policiales de otro Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en coordinación con la Corte Nacional de Justicia, dispondrá de un plazo perentorio para formalizar la solicitud de extradición activa.

Este procedimiento diplomático exige la presentación traducida de las sentencias, resoluciones judiciales y elementos de convicción que sustentan la acusación penal, demostrando el principio de doble incriminación conforme al cual los hechos investigados en Ecuador también deben ser considerados delitos sancionables en la nación requerida.

Fuentes del Ministerio Público recalcaron que las indagaciones continúan abiertas respecto a otros posibles colaboradores que habrían facilitado la salida irregular de la procesada o colaborado en la administración de activos ilícitos, advirtiendo que cualquier intento de encubrimiento será procesado con todo el rigor de la ley.

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