- Operativos navales estadounidenses destruyeron dos embarcaciones en altamar sin peritajes.
- La Fiscalía no contó con cargamentos de combustible o droga para justificar la detención.
- El juez penal Juan Dueñas dispuso la inmediata excarcelación de los pescadores procesados.
- Sectores pesqueros exigen revisar convenios marítimos bilaterales para evitar arbitrariedades.
En una resolución de hondo calado para la soberanía procesal del país, la Unidad Judicial de Garantías Penales de Manta resolvió este 24 de septiembre de 2026 dictar el sobreseimiento definitivo y ordenar la inmediata libertad de un grupo de pescadores artesanales ecuatorianos. Los compatriotas habían sido aprehendidos en aguas internacionales del océano Pacífico por unidades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes tras interceptar las naves procedieron a hundirlas en el mar, impidiendo la recolección y aseguramiento de pruebas materiales exigidas por el ordenamiento penal ecuatoriano.
El magistrado Juan Dueñas fundamentó su fallo en la inexistencia absoluta de elementos de convicción objetivos que corroboren las acusaciones de presunto transporte ilegal de hidrocarburos. Aunque los reportes de inteligencia extranjeros atribuían a las naves labores logísticas al servicio del crimen organizado, los uniformados foráneos no entregaron bidones, muestras químicas ni cargamento alguno bajo custodia oficial a las autoridades nacionales competentes.
Vulneración del debido proceso y ausencia de indicios materiales
El dictamen judicial subrayó que las acusaciones en sede penal no pueden fundamentarse en conjeturas ni en informes administrativos unilaterales. De acuerdo con las normas de la Fiscalía General del Estado, todo proceso por delitos contra los recursos energéticos o sustancias controladas requiere obligatoriamente la presentación de la evidencia física con su respectivo informe pericial de pesaje y fijación fotográfica.
Al haber sido destruidas las embarcaciones en altamar sin intervención de peritos de la Policía Nacional del Ecuador ni delegados de la administración de justicia, el tribunal concluyó que se produjo una vulneración irreparable del derecho constitucional a la defensa. Los estándares internacionales fijados por la Organización de los Estados Americanos exigen que la evidencia incriminatoria sea sometida a contradicción procesal, principio que se extinguió por completo al hundir las naves en el lecho marino.
Cuestionamientos a las prácticas de interdicción en aguas internacionales
El caso de Manta reabre el debate institucional sobre el alcance y la aplicación práctica de los convenios de cooperación suscritos con Washington para la vigilancia aeronaval del Pacífico. Abogados penalistas y representantes gremiales señalaron que las interdicciones en altamar no otorgan patente de corso para destruir bienes privados de bandera nacional sin un inventario debidamente notarizado o certificado por autoridades consulares.
Familiares de los tripulantes expusieron durante las audiencias que los pescadores se encontraban en faenas ordinarias y sufrieron desperfectos en el sistema propulsor, viéndose obligados a permanecer a la deriva. La falta de comunicación oportuna y el posterior hundimiento de las naves dejó a las tripulaciones en situación de indefensión absoluta y con cuantiosas pérdidas económicas irreparables.
Garantías fundamentales y cooperación bilateral regulada
Especialistas en derecho internacional destacaron que las tareas contra las mafias del narcotráfico exigen un marco normativo claro para evitar que la falta de protocolos periciales derive en impunidad o en transgresiones procesales. La presencia de delegados judiciales ecuatorianos en las unidades navales o la adopción de tecnologías de transmisión pericial en tiempo real permitirían resguardar la legalidad de los indicios antes de cualquier maniobra en el mar.
Seguridad jurídica para los trabajadores del mar
La resolución del tribunal manabita reafirma que las medidas de fuerza en la lucha contra la delincuencia deben ceñirse rigurosamente a la legalidad procesal, en sintonía con las determinaciones de los jueces frente a las operaciones contra cabecillas de organizaciones ilícitas. La resolución fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores para que establezca canales de diálogo técnico con la embajada estadounidense a fin de prevenir la repetición de incidentes similares.
Las organizaciones del sector marítimo y artesanal de Manabí anunciaron que solicitarán mesas de trabajo interinstitucionales con los mandos de la Armada y la Defensoría del Pueblo para crear un protocolo de auxilio y veeduría jurídica que ampare a los pescadores que navegan en la zona económica exclusiva del Ecuador.
