- Un suboficial en servicio activo fue aprehendido en un allanamiento en Guayas.
- La organización criminal facilitaba armas y municiones de uso militar a bandas delictivas.
- La Fiscalía formuló cargos por delincuencia organizada y asociación ilícita.
- Las Fuerzas Armadas reiteraron su política de depuración y colaboración con la justicia.
Un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo fue aprehendido la madrugada de este 15 de octubre de 2026 durante un operativo conjunto ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas. El uniformado es investigado por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada a la asociación ilícita, tráfico de armas de fuego y filtración de información operativa a grupos de delincuencia organizada.
Allanamientos simultáneos e incautación de material bélico
La intervención policial, coordinada por la Unidad de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (UNIDCO), contempló el allanamiento de seis inmuebles en los cantones Guayaquil y Daule. Durante las requisas judiciales, las autoridades detuvieron a cuatro personas en total, entre ellas el militar en servicio activo, quien prestaba servicios en un recinto logístico de almacenamiento de pertrechos.
En el lugar de los allanamientos se decomisaron cinco fusiles de asalto calibre 5.56 mm, más de 1.800 cartuchos de munición letal, chalecos tácticos con insignias institucionales, teléfonos satelitales y dispositivos de rastreo GPS. Según las pesquisas de inteligencia, el armamento procedía presuntamente de bodegas militares y era vendido al mercado negro para abastecer a células armadas en zonas costeras.
Las acciones de depuración institucional y transparencia son imperativos para el Estado de derecho, tal como se resalta en el análisis sobre la seguridad de la información y registros ciudadanos en Ecuador. El control interno de inventarios y datos es vital para evitar la infiltración delictiva.
Pronunciamiento castrense y garantías del debido proceso
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratificaron su política de cero tolerancia frente a actos de corrupción en sus filas, comprometiéndose a brindar todas las facilidades procesales a la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador para el esclarecimiento de los hechos.
«La institución militar no amparará a ningún miembro que traicione el juramento de lealtad a la patria y a las leyes de la República. Se han iniciado paralelamente los sumarios administrativos para la baja disciplinaria inmediata de los involucrados», señalaron los mandos superiores.
Audiencia de formulación de cargos y prisión preventiva
En la audiencia de calificación de flagrancia desarrollada en la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, el fiscal de turno presentó informes balísticos, interceptaciones telefónicas autorizadas y peritajes contables que evidenciaban transacciones bancarias sospechosas en las cuentas de los procesados. El juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó prisión preventiva para los cuatro aprehendidos, disponiendo su traslado a un centro de rehabilitación social de máxima seguridad.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que se practicarán peritajes de extracción de datos a los dispositivos incautados para identificar a otros posibles nexos logísticos dentro y fuera de la institución uniformada.
Controles patrimoniales y fortalecimiento de la contrainteligencia
Tras la captura del uniformado, la Dirección de Contrainteligencia Militar dispuso una auditoría integral a los inventarios de armamento, munición y explosivos en todos los destacamentos y fuertes militares de la región litoral. La inspección incluye el cotejo balístico automatizado de las armas de dotación y la revisión de bitácoras de custodia física en arsenales estratégicos.
Paralelamente, se anunció que se aplicarán pruebas de polígrafo periódicas y exámenes toxicológicos sorpresivos al personal asignado a recintos de custodia de material bélico, con el propósito de blindar a la institución militar de cualquier intento de cooptación por parte del crimen organizado transnacional.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró su disposición de colaborar activamente con los organismos de control del Estado, garantizando que todo el contingente logístico y de inteligencia esté al servicio de la paz ciudadana y la erradicación de conductas delictivas en las filas castrenses.
