Casi la mitad de las motos policiales en Guayaquil carecen de mantenimiento

La crisis de recursos materiales golpea directamente la primera línea de combate contra la delincuencia organizada en la costa ecuatoriana. En la denominada Zona 8, que comprende las urbes de Guayaquil, Durán y Samborondón, el 46 % de las motocicletas policiales se encuentra fuera de servicio o en condiciones de grave deterioro técnico. Documentos del Departamento de Soporte Operativo de la Policía Nacional evidencian que el déficit de mantenimiento debilita las rondas preventivas en los sectores más vulnerables de la provincia del Guayas.

El inventario oficial registra una flota de 1.253 motocicletas asignadas al patrullaje urbano y rural. Sin embargo, el informe técnico clasifica a 575 unidades (46 %) en las categorías C y D, lo que significa que requieren reparaciones mecánicas complejas o deben ser dadas de baja definitivamente como chatarra. Otras 677 motos (54 %) figuran en categorías operativas A y B, aunque una parte considerable de ellas amerita intervenciones mecánicas menores para garantizar la seguridad de los tripulantes.

Patrullajes precarios en los sectores de mayor criminalidad

A las fallas mecánicas se añade la irregularidad documental. De las 677 motocicletas operativas, solo 389 cuentan con matrícula al día, mientras que 288 circulan sin regularización, obligando a las autoridades a condicionar su mantenimiento futuro a la resolución de los trámites vehiculares. Esta situación repercute directamente en los agentes que recorren barrios críticos como el Guasmo Sur, Monte Sinaí y Pascuales, zonas donde la violencia armada acumuló más de 1.440 muertes violentas hasta julio pasado.

Uniformados en territorio reportan que deben costear repuestos básicos de su salario para mantener los vehículos en marcha, enfrentando riesgos laborales permanentes al movilizarse con frenos desgastados y llantas sin labrado. La falta de movilidad oportuna contrasta con las exigencias de control impuestas por el toque de queda y la persecución al crimen organizado, tal como se refleja en las recientes acciones judiciales donde condenan a 19 años de prisión por tráfico de drogas a integrantes de redes delictivas en el país.

El personal policial relata situaciones extremas en las que deben patrullar laderas de tierra bajo lluvias intermitentes con neumáticos completamente desgastados. Esta falta de equipamiento no solo pone en peligro sus vidas ante eventuales accidentes viales, sino que también mella los tiempos de respuesta durante incidentes armados y pedidos de socorro de los moradores en áreas periféricas.

Procesos de contratación fallidos y nuevo presupuesto

El deterioro acumulado responde a que la institución policial en el Guayas no cuenta con un contrato de mantenimiento tercerizado desde el 23 de agosto de 2025. Debido a que los distritos policiales no disponen de herramientas especializadas ni bodegas de repuestos propios, las averías menores terminaron inutilizando decenas de vehículos livianos con el paso de los meses.

Una licitación pública iniciada en julio de 2025 fue declarada desierta por el SERCOP en abril de 2026 tras diversos inconvenientes en las ofertas técnicas. Ante ello, la Policía reestructuró su planificación presupuestaria para lanzar un nuevo concurso por USD 521.178 con el aval del Ministerio del Interior, estimando seleccionar al proveedor ganador hacia el 12 de octubre de 2026, fecha en que se espera iniciar la recuperación paulatina de la flota motorizada.

Hasta que el nuevo adjudicatario asuma los trabajos en los talleres mecánicos, las unidades policiales continuarán dependiendo del esfuerzo aislado de los uniformados. La meta de las autoridades distritales consiste en rehabilitar prioritariamente las motos matriculadas para reforzar la vigilancia comunitaria y los controles viales, una vez que finalicen las restricciones horarias y los operativos extraordinarios vigentes en la provincia del Guayas.