- Fuerzas Armadas y Policía Nacional desmantelaron tres campamentos clandestinos de extracción minera no autorizada en la provincia.
- La operación neutralizó generadores eléctricos, retroexcavadoras, motobombas y galerías de explotación subterránea.
- El perjuicio económico propinado a las redes ilegales asciende a 101.000 dólares según estimaciones de los peritos militares.
- Las autoridades incautaron además combustible, herramientas de perforación y sustancias químicas contaminantes.
Un contundente golpe a las estructuras dedicadas a la minería ilegal en Imbabura ejecutaron miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional, logrando una afectación económica superior a los 101.000 dólares para los grupos delictivos que operaban en zonas de reserva ecológica y comunidades rurales de la provincia norteña.
La intervención interinstitucional tuvo lugar tras semanas de labores de inteligencia militar que identificaron puntos de explotación aurífera no regulada en zonas boscosas de difícil acceso. Esta acción responde a la estrategia de control sobre economías ilícitas que amenazan la seguridad nacional, en sintonía con las intervenciones desplegadas en otros puntos del país como la incautación de cargamentos de droga en los puertos marítimos.
Destrucción de campamentos y decomiso de maquinaria industrial
En el área intervenida, los uniformados localizaron tres campamentos improvisados provistos de comedores, dormitorios y áreas de acopio de material rocoso. Con el apoyo de peritos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), se procedió a la inhabilitación técnica de la maquinaria conforme a los protocolos legales vigentes.
Entre el equipamiento neutralizado e incautado constan:
- 2 retroexcavadoras utilizadas para remover taludes y lechos de quebradas.
- 6 motobombas de alta presión destinadas al lavado de sedimentos y extracción de oro aluvial.
- 4 generadores eléctricos industriales y compresores de aire para ventilación de túneles.
- Más de 450 galones de diésel almacenados en tanques plásticos sin medidas de contención.
Los contingentes del Ministerio de Defensa Nacional constataron graves alteraciones ambientales en las fuentes de agua cercanas, causadas por el vertimiento descontrolado de hidrocarburos y sedimentos pesados hacia ríos que abastecen a comunidades agrícolas locales.
Impacto en la seguridad ciudadana y seguimiento legal
Informes policiales revelan que la minería ilegal en el norte del país funciona como mecanismo de financiamiento para organizaciones de delincuencia organizada que operan rutas transfronterizas. La presencia de estas actividades ilícitas acarrea delitos conexos como tráfico de armas, trata de personas y extorsión a los pobladores de la zona.
La Fiscalía abrió los expedientes procesales correspondientes por delitos contra los recursos naturales y receptación ilícita. Los patrullajes aéreos y terrestres se mantendrán en Imbabura y Carchi para evitar que los campamentos sean reactivados en las próximas semanas por las bandas que lucran con el extractivismo no autorizado.
La gobernación de Imbabura y los mandos militares enfatizaron que los operativos en páramos y cuencas hídricas continuarán sin interrupción, priorizando la recuperación de las zonas degradadas mediante planes de reforestación coordinados con el Ministerio de Ambiente. Las autoridades recalcaron que quienes financian estas faenas extractivas ilegales enfrentan penas privativas de libertad de hasta siete años, además de la incautación definitiva de los bienes y vehículos utilizados en la comisión de los delitos ambientales que vulneran el patrimonio ecológico nacional.
Informes técnicos de la Agencia de Regulación y Control minero advierten que el uso indiscriminado de mercurio y cianuro en los campamentos desmantelados amenazaba con contaminar quebradas tributarias del río Mira, afectando sistemas de riego utilizados por comunidades agrícolas dedicadas al cultivo de caña y frutales. Las autoridades judiciales señalaron que los predios donde se detecten estas faenas clandestinas podrían ser objeto de procesos de extinción de dominio en favor del Estado ecuatoriano.
Representantes de organizaciones sociales y ambientales de la provincia de Imbabura hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que declare zonas de exclusión minera en los páramos que alimentan las fuentes de agua potable de Ibarra y Otavalo. Los defensores del agua recalcaron que la remediación de los suelos afectados por la minería ilegal tomará décadas, por lo que resulta indispensable fortalecer la presencia de guardaparques y patrullas militares comunitarias en las áreas de amortiguamiento ecológico.









