- La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas reportaron 282 personas aprehendidas por infringir la restricción de movilidad.
- El Ministerio del Interior contabilizó 408 aprehensiones totales al sumar delitos flagrantes cometidos en la jornada.
- Los uniformados decomisaron 13 armas de fuego, 51 municiones, 95,9 kilos de sustancias ilícitas y 2.000 galones de combustible.
- Las Fuerzas Armadas ejecutaron 188 operaciones tácticas y retuvieron tres vehículos y doce motocicletas sospechosas.
Un masivo despliegue de las fuerzas de seguridad durante la segunda noche del toque de queda en cinco provincias de la región litoral dejó como saldo 282 personas aprehendidas por incumplir la prohibición de libre tránsito ciudadano. Los intensos operativos interinstitucionales se desarrollaron entre las 00:00 del domingo 1 y las 05:00 de este lunes 2 de noviembre de 2026, en estricto cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo 519 emitido por el presidente Daniel Noboa para contener la violencia delictiva y neutralizar a grupos armados organizados.
Balance policial en la segunda noche del toque de queda
De acuerdo con el balance oficial de seguridad y aprehensiones presentado por las autoridades ministeriales, los patrullajes preventivos y las revisiones vehiculares abarcaron puntos neurálgicos de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. En Guayaquil, uno de los epicentros de mayor control fue el distrito Nueva Prosperina, donde los agentes capturaron a ocho sujetos que circulaban en la vía pública sin salvoconductos ni justificativos laborales durante el horario restringido.
Al consolidar las intervenciones ejecutadas a escala nacional, el Ministerio del Interior cuantificó 408 personas aprehendidas en total. De ese consolidado general, 282 corresponden estrictamente a la infracción de la restricción de movilidad nocturna, mientras que 126 ciudadanos fueron detenidos en flagrancia por delitos como porte ilegal de armas de fuego, robo con violencia a personas, intimidación, receptación y daños a la propiedad pública o privada en varios cantones costeros.
Incautaciones de armamento, municiones e hidrocarburos
Durante los procedimientos de registro corporal y requisa a vehículos particulares, las unidades especializadas de la Policía Nacional decomisaron 13 armas de fuego de diversos calibres, 51 cartuchos sin percutir y 95,9 kilogramos de sustancias estupefacientes listas para el microtráfico en sectores conflictivos. Asimismo, los uniformados confiscaron 2.000 galones de combustible presuntamente destinados al abastecimiento de lanchas rápidas vinculadas al crimen organizado transnacional en zonas fluviales y esteros.
El reporte logístico oficial de la institución policial da cuenta además de 107 vehículos retenidos o recuperados por registrar adulteraciones en sus sistemas de identificación o denuncias previas por robo, junto a 127 motocicletas inmovilizadas en retenes. En total, las filas policiales ejecutaron 168 puntos de control fijo y cuatro intervenciones de impacto en sectores clasificados como zonas calientes, acumulando 216 operaciones tácticas dentro del estado de excepción.
Operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta
De forma paralela, el Ministerio de Defensa Nacional presentó el rendimiento operativo de las Fuerzas Armadas en el marco del mismo decreto presidencial. El balance del contingente castrense reportó 83 personas aprehendidas y 188 operaciones militares terrestres y fluviales ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta en coordinación con unidades de élite. En dichas incursiones, el personal militar incautó tres armas de fuego adicionales, 32 municiones de grueso calibre y retuvo tres automóviles y doce motocicletas utilizadas para desplazamientos no autorizados en caminos de segundo orden.
Los contingentes militares instalaron puestos de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) en puentes estratégicos, peajes y pasos fronterizos fluviales para cerrar rutas de escape a estructuras delictivas. Este trabajo coordinado de las fuerzas del orden busca desmantelar las redes logísticas de las bandas criminales, una prioridad que coincide con los esfuerzos institucionales desplegados en operaciones contra el crimen organizado y causas judiciales que investigan a cabecillas y operadores financieros ilícitos en tribunales nacionales e internacionales.
Procedimiento legal para personas infractoras
Las personas que resultaron aprehendidas por violar el toque de queda fueron trasladadas a las unidades de flagrancia de la Fiscalía General del Estado para la respectiva verificación de antecedentes penales. De acuerdo con el marco legal ecuatoriano, el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente en el contexto de un estado de excepción constituye una contravención sancionada según las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aquellos ciudadanos que no justificaron su permanencia en las calles quedaron sujetos a audiencias de calificación de flagrancia.
Los delegados de la Defensoría Pública supervisaron las instalaciones judiciales para constatar que se respetaran las garantías básicas y los derechos fundamentales de los aprehendidos, mientras los fiscales de turno evaluaron si existían elementos de convicción adicionales que vincularan a los procesados con otros delitos de mayor gravedad.
Incidentes ciudadanos y canales de denuncia
En el ámbito de la seguridad ciudadana cantonal, la Empresa Pública de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) contabilizó 133 incidentes atendidos a través de cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias entre la medianoche del domingo y la madrugada del lunes. Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 canalizó 730 reportes de auxilio y emergencias durante la franja horaria correspondiente al toque de queda en las provincias bajo régimen especial.
Los voceros gubernamentales del Ministerio del Interior del Ecuador reiteraron que los controles nocturnos continuarán reforzándose durante las próximas jornadas festivas con el objetivo de resguardar los ejes viales y las zonas residenciales vulnerables, exhortando a la población a portar credenciales laborales y carnés institucionales autorizados para evitar sanciones legales y detenciones preventivas.









