- El plan de clasificación penitenciaria abarcará a 9.214 reclusos en seis prisiones estratégicas.
- La segmentación técnica responde a niveles de peligrosidad y situación procesal de cada interno.
- El objetivo central es desarticular redes de coacción y extorsión dentro de los pabellones carcelarios.
- Cincuenta y dos expolicías y exmilitares fueron incorporados para reforzar la vigilancia interna.
Con el propósito de recuperar el principio de autoridad estatal y neutralizar el control que estructuras criminales ejercen en los centros de privación de libertad, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) inició la ejecución formal de la primera fase del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria. La intervención institucional se desarrollará de manera escalonada sobre una población de 9.214 reclusos distribuidos en seis prisiones priorizadas del país.
El censo técnico penitenciario evalúa de forma pormenorizada las carpetas jurídicas, antecedentes penales y perfiles de conducta de cada interno, estableciendo su reubicación definitiva en pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Con esta medida se busca erradicar la convivencia forzada entre personas procesadas por infracciones menores y reos de alta peligrosidad vinculados a mafias organizadas.
Segmentación por perfiles de riesgo y medidas preventivas
El director general del SNAI, Mauricio Mayorga, informó que la clasificación técnica individualizada constituye un pilar indispensable para reducir la violencia intramural y proteger la vida de los reclusos que buscan reinsertarse positivamente en la sociedad. El funcionario recordó que previo a este despliegue masivo, las autoridades penitenciarias realizaron la separación preventiva de 1.670 personas privadas de libertad en diferentes recintos del país para garantizar condiciones de estabilidad operativa.
Los equipos multidisciplinarios asignados a cada centro penitenciario están conformados por psicólogos clínicos, trabajadores sociales, juristas especializados en ejecución de penas y peritos criminalísticos. Cada expediente individualizado analiza no solamente el tipo de delito sentenciado y los años de condena pendientes, sino también la existencia de amenazas directas entre bandas rivales, el historial de sanciones disciplinarias en prisión y la participación comprobada en motines o actos de indisciplina.
Este fortalecimiento de la disciplina y el control estatal en los recintos carcelarios se alinea con las decisiones de los operadores de justicia frente a delitos graves, como se evidencia en los recientes dictámenes de prisión preventiva por delitos contra la vida en Ecuador orientados a combatir la impunidad.
Refuerzo de la seguridad con personal especializado
De forma complementaria, el SNAI anunció la incorporación de 52 miembros en servicio pasivo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes iniciaron de inmediato su proceso de capacitación en el Programa Inicial de Formación Penitenciaria. Este contingente reforzará las áreas de inteligencia penitenciaria, filtros de revisión y monitoreo en garitas de acceso.
Mandos de la Policía Nacional del Ecuador ratificaron que continuarán prestando apoyo táctico en los perímetros externos de los seis centros carcelarios intervenidos, garantizando la rigurosidad de los controles para impedir el tráfico ilícito de armas y equipos de comunicación hacia el interior de los pabellones.
El procedimiento incorpora también la homologación de tecnologías biométricas de reconocimiento facial y dactiloscópico automatizado conectadas a la base de datos del Registro Civil y del Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje). Esta plataforma técnica impedirá la suplantación de identidades entre reclusos y facilitará el control estricto de beneficios penitenciarios y audiencias virtuales telemáticas.
Adicionalmente, el plan incluye la instalación progresiva de arcos detectores de metales de última generación y escáneres corporales no invasivos de rayos X en los filtros de acceso peatonal y vehicular de cada centro penitenciario. Estos dispositivos de inspección técnica permitirán neutralizar el camuflaje de sustancias prohibidas o armas cortopunzantes, asegurando que las visitas y proveedores cumplan rigurosamente los protocolos de bioseguridad y custodia.
Asimismo, las autoridades gubernamentales coordinan con el Ministerio de Salud Pública y organismos de derechos humanos para garantizar que la reubicación de internos no vulnere el acceso a tratamientos médicos continuos ni el régimen de visitas familiares debidamente regulado. El objetivo a mediano plazo radica en consolidar un sistema carcelario digno y ordenado que cumpla con los estándares internacionales de rehabilitación social y reinserción económica.
