El presidente Daniel Noboa ha impulsado varias leyes dirigidas a enfrentar las economías criminales, entre ellas la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Sin embargo, especialistas y analistas cuestionan si estas normativas son realmente efectivas para erradicar el lavado de activos y el financiamiento ilícito en el país.
Nuevas leyes y el enfoque en las ONG: ¿una solución efectiva?
La Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, se enfoca en las organizaciones de la sociedad civil (ONG), ya que el Gobierno asegura tener datos que indican que a través de estas instituciones se estaría lavando dinero vinculado al crimen organizado.
No obstante, esta iniciativa ha generado controversia porque Ecuador ya cuenta con mecanismos y organismos especializados para fiscalizar el dinero ilícito. Por ejemplo, la Ley de Solidaridad, cuya reglamentación entró en vigor hace un mes, ya aborda el tema del lavado de activos, lo que lleva a cuestionar la necesidad de esta nueva ley que podría duplicar funciones y generar confusión legal.
¿Por qué hacen falta fortalecer las instituciones?
El penalista Julio César Cueva explica que las propuestas del Ejecutivo buscan responder a las recomendaciones de la Corte Constitucional, que advierte sobre el uso excesivo de los estados de excepción. Sin embargo, advierte que las leyes aprobadas no han sido suficientes para un combate efectivo contra el lavado de activos.
Además, critica que muchas de estas leyes se quedan en el simbolismo, pues se crean impuestos o nuevas normas sin que se asignen fondos concretos para fortalecer entidades clave como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía, la Dirección de Registro de Datos Públicos y la Corte Nacional.
Este vacío presupuestario limita la capacidad de las instituciones para actuar con eficacia en la lucha contra el lavado de activos y las economías ilícitas.
La justicia, un actor clave que necesita mayor apoyo
El analista económico Alberto Acosta Burneo añade que estas reformas legales no han producido cambios profundos, calificándolas como “parches” o “reformas cosméticas”. Señala que aunque políticamente pueden ayudar al Gobierno a consolidarse, en términos económicos y sociales no generan un impacto real contra el crimen organizado.
Para Acosta, el combate a estas economías debe ser integral y multidimensional, involucrando no solo el ámbito legal sino también el judicial, militar y tecnológico. La supervisión en puntos estratégicos como puertos y aeropuertos es fundamental para evitar el paso de drogas y dinero ilícito.
El reto tecnológico y la necesidad de cooperación internacional
Tanto Cueva como Acosta coinciden en que uno de los problemas estructurales es la falta de tecnología avanzada, personal capacitado y un marco normativo claro. Esto hace que la persecución de delitos económicos sea ineficaz y hasta riesgosa.
Adicionalmente, señalan que aumentar penas sin fortalecer las instituciones no es suficiente. Es indispensable modernizar el sistema judicial con mecanismos como los jueces sin rostro o jueces en el exterior para ofrecer mayor seguridad y protección a los procesos.
Por último, resaltan que Ecuador no puede enfrentar solo este desafío, ya que las economías criminales son transnacionales. Por ello, la cooperación internacional es clave para compartir información, recursos y estrategias que fortalezcan la lucha conjunta contra el lavado de activos y el crimen organizado.
Aunque las leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa representan un esfuerzo para combatir las economías criminales, expertos advierten que son insuficientes si no se fortalecen las instituciones encargadas de aplicar y fiscalizar estas normativas. La asignación de recursos, la modernización tecnológica y la cooperación internacional son elementos indispensables para que Ecuador pueda avanzar en esta lucha compleja y multifacética. En síntesis, las leyes son un primer paso, pero la verdadera batalla está en la capacidad del Estado para implementarlas y hacerlas efectivas.
Fuente: EXPRESO
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