La tasa de recolección de basura en Quito enfrenta un cambio estructural sin precedentes. El Ministerio de Ambiente y Energía suprimió su cobro en las planillas de luz, afectando a 41 cantones y generando incertidumbre financiera en el Municipio. Esta decisión, anunciada durante el feriado de Independencia de Guayaquil, obliga a repensar cómo se financiará este servicio esencial en los próximos meses.
Contexto: El Acuerdo que Cambió
Desde 2019, la ciudad recaudaba fondos mediante un convenio entre la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). El sistema funcionaba eficientemente, alcanzando más de un millón de suministros eléctricos. Sin embargo, la Ministra Inés Manzano argumentó que la tasa de recolección de basura en Quito violaba la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), que exige que las planillas reflejen exclusivamente consumo de energía.
«La planilla eléctrica debe reflejar exclusivamente el consumo de energía. No habrá excepciones, salvo para el rubro de bomberos», afirmó Manzano. El Municipio, por su parte, catalogó la medida como «unilateral, apresurada y sin sustento jurídico», cuestionando la falta de diálogo previo.
Impacto Financiero Inmediato
El administrador general municipal, Rosman Camacho, reveló cifras alarmantes durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto. Quito recauda mensualmente $6 millones por este concepto, representando $72 millones anuales. Con la supresión de la tasa de recolección de basura en Quito, los meses de octubre, noviembre y diciembre generarán un faltante de $18 millones.
Aunque el servicio continuará funcionando con normalidad, el Municipio deberá asignar recursos propios de manera temporal. Esta situación crea urgencia para implementar un nuevo mecanismo de cobro que garantice la sostenibilidad financiera del servicio.
Tres Alternativas en Análisis
La administración municipal baraja tres opciones principales para reemplazar el sistema actual. La primera opción consiste en transferir la tasa de recolección de basura en Quito hacia la planilla de agua potable, aprovechando la infraestructura existente de recaudación que cubre aproximadamente 700.000 suministros.
La segunda alternativa propone integrar el cobro al impuesto predial, vinculándolo con la propiedad inmobiliaria. Esta opción mantendría estabilidad recaudatoria pero requeriría modificaciones normativas complejas.
La tercera opción, considerada más desafiante, plantea un modelo basado en la generación de residuos. Aunque innovador, su implementación se considera difícil logísticamente, requiriendo sistemas de medición que actualmente no existen.
Conflicto Institucional Sin Resolver
El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, cuestionó la legalidad de la decisión ministerial. El convenio con la EEQ, renovado en 2023, permanece vigente hasta diciembre de 2025. Sandoval señaló que ninguna causal legal para terminar el acuerdo se ha cumplido: no hay vencimiento de plazo, ni incumplimiento de obligaciones, ni rescisión de mutuo acuerdo.
«Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación formal del Ministerio ni de la EEQ. Jurídicamente, la terminación no se configura», afirmó Sandoval. Lo que genera mayor preocupación es la falta de comunicación formal entre instancias gubernamentales, evidenciada cuando el Municipio se enteró de la decisión por redes sociales, seis días después de recibir directrices sobre renovación de convenios.
Respuesta del Concejo Municipal
Los concejales expresaron preocupación significativa sobre las consecuencias de esta medida. Diego Garrido, como miembro del directorio de la EEQ, envió un oficio a la gerencia destacando que la decisión impacta directamente la operatividad del servicio. Recordó que municipios pequeños no podrían sostener adecuadamente sus servicios de recolección bajo estas circunstancias.
Diana Cruz acusó al Gobierno de motivaciones políticas, calificando la decisión como «una falta de respeto institucional». Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, enfatizó que antes de romper un convenio vigente debe existir procedimiento jurídico formal. «El Ministerio debe sentarse a dialogar con el Municipio», señaló.
Próximos Pasos y Garantías
El 14 de octubre, el pleno del Concejo conocerá un proyecto de resolución que declarará de interés público y prioridad metropolitana la continuidad del servicio de gestión integral de residuos sólidos. Esta medida busca asegurar que la tasa de recolección de basura en Quito no interrumpa operaciones, a pesar de la incertidumbre financiera actual.
El desafío inmediato es implementar una ordenanza antes de que venza el plazo, definiendo claramente la nueva forma de cobro. La sostenibilidad del servicio dependerá de que autoridades nacionales y municipales logren consenso sobre cuál de las tres alternativas resulta más viable económica y operativamente. Mientras tanto, Quito corre contra el tiempo para evitar un colapso en la gestión de residuos sólidos.
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