En una decisión histórica, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia en contra de la vicepresidenta de la República de Ecuador, Verónica Abad, tras considerar que cometió violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Con tres votos a favor y dos votos salvados. El TCE determinó suspender los derechos de participación política de la vicepresidenta por un período de dos años y aplicó una multa de 30 salarios básicos unificados. Esta medida implica la prohibición de Abad de ejercer cualquier cargo en el Estado, incluida la Vicepresidencia.
La denuncia de violencia política de género
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien acusó a Verónica Abad de cometer violencia política de género. Según el expediente presentado, la vicepresidenta incurrió en acciones que se enmarcan en los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 del Código de la Democracia. Los cuales definen como violencia política de género ciertos comportamientos como ataques, humillaciones y menosprecio hacia las mujeres en el ámbito político.
La denuncia cobró relevancia no solo por la gravedad de los cargos, sino también por el perfil público de las involucradas. La situación expuso las tensiones dentro del gobierno y la política ecuatoriana. Llevando a que el TCE tomara una postura firme en contra de la violencia de género en el ámbito político.
Detalles de la sentencia
Con la sentencia ratificada por el TCE, se confirma que Verónica Abad incurrió en una infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia. Este artículo establece las condiciones bajo las cuales se considera violencia política de género. Incluyendo el uso de la posición de poder para perjudicar o menospreciar a una persona en razón de su género. En este caso, la afectada fue la canciller Sommerfeld. Quien alegó ser objeto de conductas degradantes que atentaron contra su dignidad y su derecho a participar de manera plena en la política.
La multa de 30 salarios básicos unificados fue impuesta como parte de la sanción económica que se acompaña a la suspensión de los derechos de participación. De acuerdo con la normativa vigente, esta multa debe ser cancelada por la vicepresidenta una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
Consecuencias políticas y jurídicas
La resolución del TCE tiene importantes implicaciones políticas y jurídicas, no solo para Verónica Abad, sino para el panorama político en Ecuador. Al ser suspendida de sus derechos de participación durante dos años, Abad se ve impedida de asumir cualquier cargo público. Incluyendo la Vicepresidencia de la República. Esto implica que, durante el período de la sanción, la vicepresidenta no podrá realizar ninguna acción vinculada al gobierno.
Esta decisión también resalta el compromiso del TCE con la lucha contra la violencia política de género en un contexto donde, a nivel global. Se buscan cada vez más medidas para proteger a las mujeres en la política. La sentencia marca un precedente en cuanto a la importancia de sancionar los actos que perpetúan desigualdades y discriminaciones en el ámbito político.
Reacciones y perspectiva futura
La ratificación de la sentencia generó una amplia gama de reacciones tanto a nivel político como social. Algunos sectores expresaron su apoyo a la medida, considerando que es fundamental garantizar la igualdad de género en todos los espacios, incluidos los políticos. Por otro lado, se levantaron voces críticas que cuestionaron la forma en que se gestionó el proceso y la severidad de las sanciones.
Lo que está claro es que este caso tendrá un impacto duradero en la política ecuatoriana. A partir de esta decisión, se espera que se refuercen los mecanismos de protección y denuncia ante casos de violencia política de género. Además de promover una mayor conciencia sobre la importancia de erradicar este tipo de conductas.
La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral marca un punto crucial en la lucha por la igualdad de género en la política ecuatoriana. Al ratificar la sanción contra la vicepresidenta Verónica Abad, se envía un mensaje claro de que la violencia política de género no será tolerada en el país. Esta medida, que suspende los derechos de participación de Abad por dos años. Es un paso importante hacia un entorno político más equitativo y libre de discriminación.
Fuente: El Universo
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