- La jueza anticorrupción fijó para la primera semana de noviembre la audiencia preparatoria de juicio.
- La Fiscalía acusa a Vicko Villacís y otros funcionarios por el delito de peculado en compras públicas.
- Se investiga un sobreprecio de más de USD 3,2 millones en la adquisición de camionetas blindadas.
- Villancís permanece con orden de prisión preventiva ratificada y notificación roja de Interpol.
La Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Ecuador fijó formalmente para los primeros días de noviembre de 2026 la instalación de la audiencia preparatoria de juicio en el denominado Caso Blindado, proceso penal que investiga a Vicko Villacís, exfuncionario gubernamental, y a otras cinco personas por el presunto delito de peculado en contrataciones públicas de seguridad, según confirmó un reporte judicial publicado por diario Extra.
La causa penal se fundamenta en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, el cual detectó graves irregularidades, pagos duplicados y un sobreprecio estimado en USD 3,2 millones en el proceso de adquisición e importación de una flota de 50 camionetas blindadas de alta gama destinadas supuestamente a la protección de dignatarios de Estado y jueces amenazados por el narcotráfico durante el año 2023.
Irregularidades contractuales y empresas intermediarias
Los peritajes contables y tecnológicos presentados por la Fiscalía General del Estado revelan que la adjudicación del contrato se realizó bajo la modalidad de régimen especial de seguridad nacional para eludir la licitación pública abierta en el portal del Sercop. El contrato fue entregado a un consorcio privado intermediario que carecía de experiencia en blindaje balístico internacional y que subcontrató los servicios en talleres mecánicos no certificados de Colombia y Panamá.
Las pruebas técnicas incorporadas al expediente señalan que varios de los vehículos entregados presentaban blindajes de nivel inferior al especificado en los pliegos técnicos, vulnerando la seguridad de los funcionarios asignados. Esta rigurosidad en los estrados judiciales se alinea con las investigaciones sobre corrupción y lavado de activos que han impulsado decisiones como las solicitudes de extradición de procesados vinculados a redes ilícitas.
Situación jurídica de los procesados y pedido a Interpol
Durante la audiencia de noviembre, el fiscal a cargo del caso presentará su dictamen acusatorio y solicitará el auto de llamamiento a juicio para los imputados. Villacís, quien se encuentra fuera del país desde que se inició la instrucción fiscal, mantiene una orden de prisión preventiva ratificada por el tribunal de apelación y una notificación roja activa en Interpol para su localización y captura internacional.
Los abogados defensores de los procesados alegan que los precios pactados respondían a las condiciones de urgencia del mercado internacional tras la crisis logística y que las pruebas balísticas cumplían con los certificados de fábrica. El delito de peculado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla penas privativas de libertad de entre 10 y 13 años de prisión, además de la obligación legal de restituir los fondos públicos desviados.
Auditorías complementarias de la Contraloría General del Estado concluyeron que los pliegos de contratación fueron redactados a la medida del consorcio adjudicado, obviando los informes técnicos desfavorables de la Dirección de Logística de la Policía Nacional.
Los jueces anticorrupción reiteraron que la audiencia preparatoria se desarrollará de forma presencial e improrrogable para evitar dilaciones injustificadas en la tramitación de esta causa de conmoción nacional.
El personal técnico de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) desplegó brigadas de monitoreo permanente en las plantas de potabilización para verificar que los niveles de turbiedad del agua captada se mantengan dentro de los estándares de calidad requeridos por la normativa sanitaria. Asimismo, se coordinó con las administraciones zonales la distribución gratuita de agua mediante tanqueros en los barrios altos de la capital donde la presión de la red hidráulica experimenta disminuciones temporales debido al alto consumo diurno registrado durante la temporada seca.
