Trabajadores marcharán el 11 de septiembre en diferentes ciudades de Ecuador para protestar contra las cinco leyes económicas urgentes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa. Las organizaciones sindicales consideran estas normativas inconstitucionales y lesivas para los derechos laborales.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron esta manifestación durante la Convención Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales, celebrada el 16 de agosto en Quito.
Cinco Leyes Cuestionadas por su Constitucionalidad
Los trabajadores marcharán el 11 de septiembre específicamente contra las leyes de Inteligencia, Solidaridad, Integridad Pública, Áreas Protegidas y Transparencia Social. Estas normativas han generado controversia por su proceso de aprobación y contenido.
Marcela Arellano, presidenta de la Ceosl, califica estas leyes como inconstitucionales tanto en su forma como en su fondo. Según la dirigente sindical, las normativas no cumplen con los requisitos de ser económicas urgentes ni mantienen la unidad de materia requerida constitucionalmente.
Por tanto, las organizaciones laborales han presentado demandas de inconstitucionalidad contra tres de estas leyes. Además, planean demandar las restantes normativas de Áreas Protegidas y Transparencia Social.
Concentraciones Programadas en Varias Ciudades
En Quito, la manifestación iniciará a las 16:00 horas en la avenida 10 de agosto, frente al edificio principal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Posteriormente, los manifestantes marcharán hacia el Centro Histórico de la capital.
Mientras tanto, ciudades como Cuenca y Guayaquil aún definen sus puntos de concentración para la protesta nacional. Sin embargo, la movilización tendrá carácter simultáneo en todo el territorio ecuatoriano.
Impacto en Servidores Públicos y Derechos Laborales
Arellano advierte que estas leyes agudizan «la precarización, la reducción de recursos y la disminución de servidores públicos». Igualmente, denuncia la intervención estatal en la vida privada de las personas mediante estas normativas.
La presidenta de la Ceosl subraya que cualquier reducción salarial para servidores públicos sería inconstitucional. En consecuencia, recuerda que la Constitución establece que el salario de un trabajador no puede disminuirse.
Contraste con Marcha Oficialista del Gobierno
Paralelamente, el presidente Daniel Noboa convocó una marcha oficialista para el mismo día en Guayaquil, bajo el lema «por la seguridad y la paz». No obstante, Arellano considera que esta convocatoria carece de sentido constitucional.
Según la dirigente sindical, el artículo 98 de la Constitución entrega el derecho a la resistencia a la población que carece de poder en la gestión estatal. Por ende, critica el uso probable de recursos públicos para la manifestación gubernamental.
Demandas Acumuladas ante la Corte Constitucional
Las cinco leyes aprobadas en el segundo mandato de Noboa acumulaban 46 demandas ante la Corte Constitucional hasta el 8 de septiembre. Específicamente, la Ley de Integridad Pública suma 31 demandas, convirtiéndose en la más cuestionada jurídicamente.
Finalmente, trabajadores marcharán el 11 de septiembre como expresión del descontento social ante estas reformas. Asimismo, las organizaciones sindicales mantienen su posición de resistencia contra lo que consideran una «reforma política vertical, autoritaria y violenta» del Gobierno actual.
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