El Gobierno de Ecuador anunció este 16 de junio de 2025 una serie de medidas clave orientadas a enfrentar los desafíos estructurales en materia energética, fiscal e institucional. Carolina Jaramillo, vocera del Ejecutivo, detalló las acciones prioritarias del presidente Daniel Noboa, enfocadas en garantizar el suministro eléctrico, combatir la evasión fiscal en el sector empresarial y fortalecer la prevención de la corrupción dentro del Estado.
Medidas energéticas para asegurar el servicio eléctrico
Una de las principales medidas del Gobierno frente a los apagones en Ecuador fue asegurar que no se interrumpirá el suministro eléctrico, gracias a la incorporación de nueva capacidad energética. Se han recuperado 696,7 megavatios, rescatado 204 MW y contratado otros 300 MW mediante arriendo. Adicionalmente, en el segundo semestre de 2025 se sumarán 979,5 MW, mientras que para 2026 y 2027 se proyectan 403 MW y 600 MW, respectivamente.
El plan incluye inversiones privadas como el proyecto hidroeléctrico Cardenillo, así como 67 iniciativas privadas adicionales para la generación de energía renovable. De esta manera, el Ejecutivo plantea una solución integral para frenar los apagones en Ecuador mediante un sistema energético más resiliente y sostenible.
Fiscalización a utilidades por compraventa de acciones
En el ámbito tributario, el Gobierno presentó una estrategia de control masivo para verificar las utilidades generadas por la compraventa de acciones en empresas. Esta fiscalización será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de evitar evasión fiscal.
Aunque 300 contribuyentes ya declararon voluntariamente, el Ejecutivo identificó aproximadamente 6 000 actores económicos que no han transparentado adecuadamente sus ingresos por estas transacciones. La medida forma parte de un esfuerzo por cerrar brechas de evasión y fortalecer la equidad fiscal en el país.
Implementación de figuras anticorrupción en el sector público
El tercer eje del anuncio está relacionado con la prevención de actos ilícitos en la administración pública. Para ello, el Gobierno activó la figura de los Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) en entidades estatales, comenzando por la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio.
Actualmente, 35 instituciones priorizadas ya han designado estos responsables, cuya misión es alertar sobre riesgos de corrupción y promover la transparencia administrativa. Esta iniciativa forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública, y busca consolidar una cultura institucional alineada con principios éticos y de cumplimiento normativo.
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