Después de más de siete años de inactividad, el Gobierno de Ecuador ha dado inicio al proceso de reapertura del catastro minero. Esta fase inicial, que comienza oficialmente el 16 de junio de 2025, contempla exclusivamente concesiones destinadas a la pequeña minería no metálica, como la extracción de yeso, caliza y otros insumos usados en industrias como la del cemento y la cerámica.
El catastro minero en Ecuador retoma funciones con nuevas condiciones
El catastro minero en Ecuador es una plataforma digital que gestiona el registro de áreas destinadas a actividades extractivas. Esta herramienta tecnológica cumple una función esencial para que el Estado regule, autorice y supervise los derechos mineros de manera transparente. Su clausura, en 2018, fue dispuesta por el expresidente Lenín Moreno, en respuesta a demandas sociales que buscaban frenar la entrega de nuevas concesiones, especialmente en territorios indígenas.
Avance progresivo hacia una reactivación completa del sector
Según el cronograma establecido por el actual gobierno, el proceso de reapertura del catastro minero en Ecuador se desarrollará por etapas. En septiembre de este año se abrirá la posibilidad de solicitar concesiones para la pequeña minería metálica. Posteriormente, antes de finalizar el 2025, se prevé la inclusión de solicitudes para proyectos de mediana y gran escala.
Esta estrategia gradual permite adaptar el sistema a nuevas normativas y condiciones más estrictas, con el objetivo de garantizar una explotación técnica, controlada y alineada con los planes económicos nacionales.
Actualización normativa para mayor transparencia y control
La actualización del catastro minero en Ecuador responde al Decreto Ejecutivo 435, firmado por el presidente Daniel Noboa en octubre de 2024. Este instrumento legal dio un plazo de seis meses a entidades como el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero para incorporar datos verificados y actualizados sobre concesiones, anulaciones, permisos y licencias vigentes.
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar los mecanismos de fiscalización y erradicar prácticas irregulares. Un catastro moderno y operativo permitirá optimizar la planificación del sector minero y aumentar la seguridad jurídica de las inversiones.
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